El secretario del Ayuntamiento de Pozoblanco, José Manuel Ballestero Pernil, rechazó ayer las "graves acusaciones" que se han vertido contra su persona tras la denuncia presentada por el propietario de la empresa que construye un edificio en la esquina que pretende ser alineada en la avenida Marcos Redondo de Pozoblanco. En un escrito, Ballestero Pernil asegura que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de que se han emprendido acciones legales contra él, "imputándole falsa y temerariamente la comisión de un delito de prevaricación".

El secretario recuerda que el pleno del Ayuntamiento llevó a cabo acuerdos relativos al planeamiento diseñado en la confluencia de las avenidas Marcos Redondo, Villanueva de Córdoba y calle Antonio Porras. Además, indica que los referidos acuerdos son ejecutivos, habiendo sido inadmitido a trámite el recurso planteado contra dicho acuerdo plenario por el portavoz del grupo político del PSOE. Precisa que se ha limitado "a notificar dicho acuerdo de pleno, jamás entrando a emitir resolución alguna ni resolver asunto alguno al respecto". José Manuel Ballestero asegura que, en un primer momento, "los empleados de secretaría introducen erróneamente en la notificación la coletilla por orden del señor alcalde , --porque así se hace habitualmente en todas las comunicaciones de acuerdos plenarios en este Ayuntamiento--, no es menos cierto que el referido error fue rectificado de forma inmediata".

En el escrito remitido a este periódico, aclara que ha procedido "con mi mejor saber y entender jurídico, salvo mejor opinión fundada en derecho, a notificar dicho acuerdo plenario plenamente ejecutivo, sin que ninguna indefensión se le pueda haber causado por otra parte al interesado, cuando la decisión plenaria está más que motivada, y cuando se le confiere audiencia para efectuar alegaciones por el plazo legal establecido. Es más, una vez presentadas las alegaciones que crea oportunas para la defensa de sus intereses, el pleno resolverá si eleva la suspensión a definitiva". Asimismo, recuerda que ha emitido un informe jurídico dando traslado del mismo al alcalde, y recordándole que es el pleno el órgano responsable de aprobar la interpretación y/o aclaración de las normas subsidiarias. El secretario precisa que es el municipio, y no el alcalde, "el órgano competente para decretar la suspensión en dichos términos". Por último, indica que, desde que tomó posesión, "he sufrido presiones inaceptables conducentes a que proceda de forma distinta a mi entender profesional en asuntos como el que nos ocupa, las cuales pudieran ser constitutivas de un delito de coacciones y amenazas a funcionario público, sin perjuicio de cualesquiera otros que pudieran sustanciarse en el oportuno procedimiento".