Las obras del cuartel de la Guardia Civil que se realizan en el extrarradio de Puente Genil han dado un giro espectacular después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción haya abierto diligencias para investigar este proceso que, según argumentó el PSOE, se inició sin licencia de obras. El juez requiere información para conocer si se ha modificado el plan general de ordenación urbana (PGOU) en lo que respecta a la finca registral --inicialmente rústica-- y "el informe, si existe, sobre la aprobación de la Comisión Provincial de Urbanismo".
El alcalde, Manuel Baena (IU), dijo ayer sobre este asunto que "en el Ayuntamiento estamos muy satisfechos porque todas las decisiones se han tomado por unanimidad, conjuntamente por todos los partidos, y también por que sea un juez el que revise todo el expediente". El Consistorio entregó hace unos días la documentación requerida por el juez a los agentes de la Guardia Civil y fuentes municipales indican que el proyecto de esta obra está visado por la Dirección General de la Guardia Civil, con la que se firmó un protocolo, y en el que se recoge la parcela elegida para construir la casa cuartel.
El delegado provincial de Justicia, Esteban Morales, que afirmó en rueda de prensa que "el alcalde incumple la ley en materia de urbanismo", declinó ayer realizar valoraciones sobre esta actuación judicial. Sobre estas obras ya se manifestó el subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, cuando indicó el pasado mes de mayo que él no tenía conocimiento de que en Puente Genil se realizasen obras de ningún cuartel.
El requerimiento del juez solicita asimismo al Ayuntamiento que aclare si existe algún convenio o protocolo en la finca registrada a nombre de Urbanización Siglo XXI --promotora de las obras-- que "podría dedicarse en el futuro a cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil".
Como se recordará, el Consejo Consultivo de la Junta denegó la modificación del PGOU en lo relativo al uso del actual solar del cuartel --en lugar céntrico-- al entender que se reservaban pocas viviendas de VPO. El Pleno aceptó entonces que la totalidad de las futuras viviendas fueran de protección oficial.
