Stop Desahucios pide al juez que anule el desalojo de una familia con un menor de 12 años

La plataforma Stop Desahucios se ha concentrado este lunes en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para pedir al juez que desestime la demanda de desalojo presentada por Global Pantelaria, el fondo buitre que adquirió el piso del Banco Santander en el que Margarita Cortés vive actualmente con su hija de 23 años, ambas en paro, y su nieto de 12. Según la plataforma, los bancos suelen llevar a cabo esta maniobra de vender los pisos a fondos buitre para "lavar su imagen" y que no figure su nombre en la orden de desahucio. Según el abogado de Margari, el desahucio está fijado para el próximo 22 de marzo.

La concentración ha tenido lugar justo antes de la celebración de la vista por desahucio en el Juzgado de Primera Instancia, en la que ha declarado como testigo el portavoz de la plataforma, Rafael Castro, que ha explicado que el contrato de alquiler social que la parte demandante da por caducado se cerró en 2019 de forma verbal justo antes de que se derogara la norma en la que el plazo máximo de alquiler pasaba de 7 a 3 años por lo que consideran que debe estar vigente hasta al menos 2026. Global Pantelaria, por su parte, reclama que se aplique la ley que estaba en vigor en el momento en el que se rubricó el contrato, que era de tres años, y que no es viable aplicar una norma que ya estaba derogada, de forma que habría expedido en 2022.

La plataforma ha expuesto a los medios la situación de vulnerabilidad de esta familia, cuyo único ingreso es la pensión de viudedad de Margari Cortés, que afirma haber abonado todas sus cuotas y estar al día de los pagos. El abogado defensor de la demandada asegura que en el contrato existen "cláusulas oscuras" que habrían llevado a hacer creer a la beneficiaria del mismo que podría disfrutar del alquiler social durante 7 años, "teniendo en cuenta que se trataba de un gran tenedor", cuando en realidad, la intención de la otra parte era desahuciarla al cabo de tres, aprovechando que la firma se retrasó, dando lugar a la derogación de la ley vigente.

Stop Desahucios afirma además que Margari y su familia ocuparon una vivienda deshabitada del Sector Sur que estaba "completamente destrozada, sin persianas y con tuberías rotas" que ha ido haciendo habitable con su esfuerzo. En 2016, tras quedarse viuda, Margari se instaló en un piso vacío que no tenía "luz ni agua y que estaba en condiciones lamentables". En un primer momento, el banco intentó echarla, pero con ayuda de Stop Desahucios fue posible firmar un alquiler social en 2019, que ha pagado desde entonces. La renta fijada es de 213 euros y Margari ingresa mensualmente 623 euros, "aunque he estabado cobrando 500 euros", destaca. En su opinión, "no quieren poner de su parte para llegar a un acuerdo".

Poco después de la firma del alquiler, "el piso fue adquirido por un fondo buitre, Global Pantelaria, que se niega a renovarlo", asegurando además que "no ha pagado su cuota desde septiembre de 2023", algo que niega la demandada, que ha presentado ante el juez los recibos de abono. La familia no cuenta actualmente con alternativa habitacional, según la afectada. El juez ha escuchado a las partes dejando el juicio visto para sentencia.