Cuatro veces más cordobeses se acogen a la ley de la segunda oportunidad en 2023

Los juzgados de lo Mercantil de la provincia de Córdoba han sido testigos este año de un drástico aumento en el número de concursos de acreedores presentados, al amparo de la Ley de Segunda Oportunidad. Se han registrado 204 casos entre los meses de enero y septiembre de personas naturales no empresarias. En el mismo periodo del año anterior, los juzgados de lo Mercantil de Córdoba apenas sumaron 48. 

Este incremento, que supera más de cuatro veces aquellas cifras, refleja el impacto significativo que ha tenido la reforma legislativa adoptada a través de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que simplificaba el procedimiento para exonerar las deudas. La reforma, que entró en vigor ese mismo mes de septiembre, incorporó cambios sustanciales al texto de la Ley Concursal con el objetivo de flexibilizar los procedimientos de insolvencia en España. Entre otras cosas, el deudor ahora puede mantener su vivienda habitual y ya no son necesarios los acuerdos extrajudiciales.

Impacto inmediato

Su impacto se apreció nada más entrar en vigor. Hasta septiembre de 2022, solo constaban 48 concursos de particulares en la provincia de Córdoba, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, durante los siguientes tres meses los juzgados cordobeses contabilizaron 56, ocho más que la suma de los nueve meses anteriores. 

La tendencia no ha hecho más que confirmarse en 2023. El año comenzó con 93 casos solo en el primer trimestre. A esos hay que sumar los 31 del segundo trimestre y los 80 concursos registrados en julio, agosto y septiembre, según se desprende de la última estadística del CGPJ.

Un "boom" por una norma "revolucionaria"

El resultado, un "boom". La causa, una norma "revolucionaria". Aunque Antonio Domínguez lo esperaba, no deja de celebrar la repercusión que la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad está provocando en Córdoba. El letrado de Doant Abogados, especialista en derecho mercantil, administrador concursal y miembro de la junta directiva de la asociación Apacsa, asegura que se están viendo "procedimientos a diario" gracias a la agilización de los trámites. 

La ley "permite a la gente reincorporarse a una nueva vida con ese perdón de la deuda", no exento de una minuciosa "investigación previa del juzgado". "Las solicitudes se examinan al milímetro, no es un coladero", garantiza. Hay que cumplir una serie de requisitos y la buena fe resulta fundamental. El abogado cordobés solo aprecia un error, la limitación de la exoneración máxima del crédito público a 10.000 euros. Lo considera un contrasentido. Y cree que es la última traba para que termine por despegar el número de casos.

El tejido empresarial cordobés, "tocado"

Junto al número de personas físicas que se acogen a este procedimiento, el letrado observa un repunte de las pymes. Sobre todo de pequeñas empresas que no pudieron aguantar la pandemia. Cada vez, son menos las grandes empresas en comparación con los negocios de menor tamaño. Y más en Córdoba. "Te vas dando cuenta de que nuestro tejido empresarial sí está tocado", lamenta. Detrás, la pandemia y el retorno de préstamos. Se producen "situaciones comprometidas", señala. Pero esta reforma de la ley supone un salvavidas para esos deudores.

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