Las organizaciones de discapacidad ponen Córdoba como ejemplo de buenas prácticas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que en Andalucía aglutina a 18 entidades, ha organizado en Córdoba una reunión con los Cermis de todas las comunidades autónomas españolas ciudades autónomas españolas, que se ha inagurado este lunes con la presencia de la consejera de Igualdad e Inclusión Social, Loles López, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes y los concejales de Inclusión y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano y Eva Contador, entre otras autoridades. En la presentación de las jornadas, que llevan el título de Más y mejores políticas autonómicas y locales para la discapacidad, la presidenta del Cermi andaluz, Marta Castillo, ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Córdoba en materia de accesibilidad e inclusión y ha llamado al resto de ciudades andaluzas a seguir este ejemplo. Castillo ha recordado que en Andalucía viven 582.000 personas con discapacidad y que la inserción laboral sigue siendo uno de los grandes retos pendientes. En este sentido, destacó que la tasa de actividad del colectivo apenas supera el 25% y que "la autonomía plena solo se consigue cuando la persona se puede alcanzar con un puesto de trabajo".

El presidente del Cermi estatal, Luis Cayo, ha puesto sobre la mesa algunos datos que describen la realidad de las personas con discapacidad en España, "donde existen grandes diferencias territoriales", ha señalado, "los poderes territoriales tienen mucho que decir para que los reconocimientos de derechos no se queden en declarativos sino que sean efectivos". En concreto, más de 4 millones de españoles sufren alguna discapacidad, lo que supone que "uno de cada cuatro hogares se enfrenta actualmente a esta realidad, una cifra que no deja de crecer". La discapacidad, ha expuesto, se traduce en "un tercio menos de calidad de vida para los afectados, que a menudo sufren discriminación, menos oportunidades que el resto y exclusión social". En este sentido, Cayo ha instado a las administraciones locales y autonómicas, "que aglutinan el 80% de las competencias relacionadas con este ámbito", a plantear acciones concretas "en cuestiones como la atención temprana, la valoración de la discapacidad, la educación inclusiva, la mejora de la accesibilidad, la inclusión laboral y la atención sanitaria" que sirvan para reducir la brecha. En cuanto a las diferencias por comunidades, el presidente del Cermi nacional ha expuesto que "hay territorios donde la valoración de discapacidad tarda tres meses en completarse mientras en otros la espera supera los dos años". Por eso, ha reclamado "una base común que permita igualdad de oportunidades" a todas las personas con discapacidad independientemente de dónde viva, y una competencia sana entre territorios que lleve a copiar las iniciativas que dan resultados positivos.

Reserva del 5% de empleo en los contratos públicos

La consejera Loles López ha sacado pecho de los cambios legislativos acometidos por el gobierno andaluz para apoyar al colectivo y ha recordado la obligatoriedad de reservar el 5% del empleo de todos los contratos públicos a los centros especiales de empleo y a empresas de interés social, una medida aprobada en junio de este año que aún no ha dado frutos, según las fuentes consultadas, que han indicado que de momento, las entidades están elaborando el listado de actividades que pueden cubrir para trasladarlo a la Junta y que lo recoja en sus pliegos de condiciones.

En el marco del evento, la consejera ha destacado las más de 1.740 nuevas plazas concertadas para personas con discapacidad creadas por el Gobierno andaluz desde el año 2019 para ampliar y reforzar la red pública. Durante su intervención, la consejera ha subrayado el diálogo cercano y fluido que mantiene la consejería con Cermi que representa a alrededor de 700.000 andaluces. “Trabajamos de la mano con Cermi y con ellos hemos hecho importantes modificaciones legislativas”, ha indicado López. También ha recordado que la Junta ya ha puesto a disposición del tercer sector más de la mitad, el 58%, de las 470 nuevas plazas concertadas creadas este año para personas con discapacidad. En concreto, son 186 para centros residenciales, 56 para centros de día y 30 para centros ocupacionales. El resto, hasta sumar las 470, están en el correspondiente proceso.

"Aún queda mucho por hacer en Córdoba"

El concejal de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, aprovechó la ocasión para agradecer el reconocimiento de los Cermi, aunque relativizó los avances, señalando que "aún queda mucho por hacer en términos de accesibilidad". Según Jordano, a los pasos que se están dando en esta materia, se incorporarán a corto plazo otras medidas tendentes a mejorar la autonomía personal. En su opinión, "una ciudad como Córdoba de tamaño mediano y con un casco histórico tan complicado como el nuestro, tiene mucho camino aún por andar hasta conseguir la accesibilidad universal, pero estamos avanzando poco a poco con el objetivo de adaptar el mapa de Córdoba y todos los servicios públicos a quienes viven aquí y a quienes nos visitan".

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, también ha reconocido “la encomiable e impagable labor que hacéis las organizaciones sociales, porque si tuviésemos que hacerlo nosotros no tendría precio, porque echáis horas y corazón, y eso no hay administración que lo pague, por eso vamos a estar ahí ayudando”.

En cuanto al papel de la Diputación, ha reconocido que “contamos con alrededor de 1.100.000 euros de presupuesto para políticas sociales y 33 convenios, pero queremos seguir abarcando temas y acertar en las políticas que llevamos a cabo, y nada como un foro como este, con entidades del tercer sector, administraciones y operadores, para saber qué necesitáis”.

El congreso ha contado con una mesa inaugural impartida por el viceconsejero de inclusión social, juventud, familias e igualdad de la Junta de Andalucía, José Repiso Torres, bajo el título Políticas públicas de discapacidad en Andalucía, en la que se ha profundizado y reflexionado sobre diferentes cuestiones de trascendencia en el ámbito de la discapacidad, sobre la atención a los más vulnerables y la necesidad de priorizar y elaborar “políticas cercanas e interlocución”. “La política debemos tener siempre la etiqueta de la equidad y es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar” ha indicado.

También ha reconocido que, de momento, con “la reserva del 5% de contratación pública de administracion de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales para centros especiales de empleo y empresas de interés social no se ha hecho nada, tenemos el paraguas, pero nada más”.

Doble discriminación por género y discapacidad

Además, ha analizado la doble discriminación que sufren mujeres y niñas con discapacidad, un reto en el que, según Repiso Torres, “debemos hacer un esfuerzo y ser ágiles". En su opinión, "ese enfoque de género no es fácil porque el gran reto además de políticas de género es la conciliación” ha expresado.

Seguidamente, han tenido lugar otras dos ponencias; la primera, bajo el título Córdoba Incluye Políticas locales de discapacidad de Córdoba de la mano del quinto teniente de alcalde y delegado de inclusión y accesibilidad y vía pública del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano de la Torre. “Queda muchísimo por hacer, pero el comienzo no es nada malo. Los retos que nos quedan en adelante estamos preparados para abordarlo”, ha anunciado.

La segunda ponencia, impartida por el presidente de CERMI Comunidad Valenciana, Luis Vañó Gisbert, se ha centrado en recordar lo establecido por la Declaración de Alicante de políticas públicas de discapacidad elaborado en el I Congreso 2022. “Es trascendental la divulgación de esta Declaración para que sea conocido por todo el Tercer Sector porque esta guía va a servir para ejercer incidencia política” ha incidido Vañó.