«Si nos echan, no tenemos dónde ir»

Si nadie lo impide, Amin, su mujer y sus dos hijos de 15 y 6 años tendrán que dejar el 18 de diciembre su piso, una vivienda de 60 metros situada en el Sector Sur. En 2007, diez años después de la llegada de Amín a España, firmó con el banco una hipoteca que pagó durante cuatro años hasta que la crisis económica explotó y acabó en el paro. 

Amín llegó a España desde Marruecos con su padre y su hermano en busca de un futuro mejor y, desde entonces, ha trabajado en el campo, en jardinería, en la construcción «y en todo lo que me ha salido», explica. Cuando las cuotas impagadas del préstamo se acumularon, acudió a pedir ayuda a Stop Desahucios, que negoció con el banco una dación en pago y un alquiler social asequible que le permitió permanecer en la vivienda. Según relata Amín, en 2016, tras la venta por parte del banco de su deuda a un fondo buitre, le comunicaron que no podía seguir en el inmueble y tras varios intentos fallidos de negocición, su caso ha acabado en los juzgados, iniciándose así un largo periplo de avisos de desalojo, interrumpido por la pandemia, que ahora han vuelto a convertirse en la principal amenaza de la familia. «Nos llevamos muy bien con nuestros vecinos y el piso está cuidado», explica, «además, ahora estoy trabajando en una fábrica de reciclaje de escombros y podría pagar un poco más de alquiler para seguir en la vivienda». En los últimos meses, ha buscado pisos de alquiler por el Sector Sur, el barrio en el que han crecido sus hijos, «pero en Córdoba no hay nada por menos de 500 o 600 euros, así que si nos echan, no tenemos dónde ir». 

La plataforma afirma que la falta de alternativas deja desamparadas a las familias

Según las inmobiliarias consultadas por Diario CÓRDOBA, el acceso a un alquiler en el mercado libre de familias con escasos recursos está condicionado por los elevados precios y por las exigencias de los propietarios, temorosos de ocupaciones y de las consecuencias de alojar a familias con problemas económicos, por lo que a menudo rechazan inquilinos que dependan de ayudas de alquiler, que den garantías a largo plazo de empleo o que no puedan abonar por anticipado al menos dos meses de fianza.

Una doble discriminación

Stop Desahucios Córdoba asegura que la falta de alternativa habitacional pública deja desamparadas a familias como la de Amín, pese a tener hijos menores. Según Rocío López, portavoz de la plataforma, este caso es, además, «el reflejo de la política de especulación que están llevando a cabo los fondos buitre, que compraron en su día paquetes de viviendas destinadas a alquiler social y que ahora quieren vender a toda prisa, acosando en muchos casos a las familias, para sacar más dinero, sin tener en cuenta la situación en la que dejan a estas personas». Se quejan de que estos fondos «están campando a sus anchas sin que sus acciones estén teniendo consecuencias legales».

Negoció un alquiler social con el banco para seguir en el piso cuya hipoteca no pudo seguir pagando

Para la plataforma, Amín sufre una doble discriminación, ya que «a su situación de vulnerabilidad, agravada por la falta de un colchón familiar en España, se suma que es un inmigrante, por lo que hay quien cree que no tiene los mismos derechos que el resto aunque lleve aquí casi dos décadas, esté trabajando y sus hijos hayan nacido en Córdoba».

Stop Desahucios recalca que «los fondos buitres están subiendo artificialmente los precios de los alquileres y se están lucrando del malvivir de muchas familias como la de Amín» y denuncia «la falta de vivienda pública, que pueda ofrecer una alternativa habitacional a quienes no pueden acceder al mercado libre por su bajo nivel de renta, así como la inoperatividad de las ayudas al alquiler, que no son tan rápidas como para atender la urgencia de estos casos desesperados». Si el lanzamiento sigue adelante, Stop Desahucios no descarta realizar movilizaciones para impedir que se ejecute, señalan. «De momento, estamos reclamando un informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales y veremos qué pasa cuando llegue el día 18 de diciembre», sentencia López. 

Este periódico ha intentado contactar con la empresa gestora del inmueble para conocer su versión, pero no ha sido posible. 

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