Atrapados por el urbanismo

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene varios proyectos expropiatorios en cartera. Este tipo de procedimientos administrativos no son fáciles, ni rápidos, ni baratos (en la mayoría de los casos). Cuando el Ayuntamiento decide llevar a cabo una expropiación, lo hace por la utilidad pública del bien que quiere poseer. Sin embargo, más allá de ese interés social que puede suponer para toda la ciudadanía hay historias de familias y negocios que llevan años en vilo preguntándose qué será de sus casas o sus negocios.

El caso más claro que existe en Córdoba en cuanto a esto último es el de la manzana situada entre la Torre de la Calahorra y la plaza de Santa Teresa. Son ya 30 años los que los vecinos llevan escuchando que quizá se tengan que ir de sus casas, aunque ningún gobierno municipal, sea del signo político que sea, ha llevado a cabo ni el proyecto inicial ni cuantos se han llegado a plantear después.

Los bloques de los populares restaurantes Los Romerillos y Miguelito, junto con el colegio Rey Heredia, fueron incluidos en un proyecto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 que contemplaba su derribo para aumentar la plaza de Santa Teresa y dejar un espacio público emblemático entre la Torre de La Calahorra y la iglesia. Con esa idea, a principios de los años 90 comenzó un proceso de expropiación tan complicado como irregular, con parones de varios años.

Siendo el popular José Antonio Nieto alcalde de la ciudad, se decidió renunciar a esta gigantesca obra, en la que también se incluía levantar el museo de Bellas Artes en la parte del solar que está vacía (otra de las eternas promesas que nunca llegan, pero que, de tanto en cuando, aparecen con partidas irrisorias en los presupuestos). Fue en 2013 cuando Nieto anunció que renunciaba a derribar el colegio Rey Heredia y a expropiar y demoler la línea de bloques de la calle Acera Pintada, el tramo de edificios entre el Miguelito y Los Romerillos. Se descartaba también así la construcción de esa gran plaza que, ¡ojo!, ya se contemplaba en las primeras propuestas del Plan del Río, antes incluso de construir el puente de El Arenal y el Arco Viario Sur.

Luego vino el gobierno de coalición PSOE-IU con Isabel Ambrosio a la cabeza y el responsable de Urbanismo de entonces, Pedro García, que anunció que aquello se retomaba con un planteamiento distinto (que pasaba por dejar en pie el antiguo colegio Rey Heredia, desde hace años centro social, pero expropiar el resto).

Obviamente, nada se hizo. Con el actual gobierno municipal, ya a punto de culminar el mandato, se ha hablado una sola vez del gran proyecto de la trasera de La Calahorra. Fue cuando Urbanismo presentó sus presupuestos para 2022 y podía observarse que recogían una partida de 200.000 euros para expropiar una parcela situada detrás del bar de Los Romerillos, localizado en la calle Acera del Arrecife.

«Es vivir en la incertidumbre»

Todo lo relatado es apenas una parte ínfima de lo que ha llegado a hablarse del proyecto. Y todo eso que se ha hablado lo ha escuchado y leído Antonio Salinas, vecino de una vivienda situada a las espaldas del Rey Heredia en la que han vivido varias generaciones de su familia. «Llevamos 30 años viviendo con la angustia constante, esto es vivir en la incertidumbre», comenta Antonio, cuyo objetivo primordial es que no tiren su casa y que eso quede dicho por escrito.

«Mis padres se conocieron aquí, tuvieron 11 hijos, uno de ellos yo, y todos nacimos aquí, y mis sobrinos también nacieron aquí. Esta casa no estorba», recuerda este vecino de Puente Romano, que insiste en que ellos no quieren irse de allí a pesar de llevar viviendo tres décadas bajo la losa de la incertidumbre.

Antonio recuerda también que allá por 2015 o 2016 el Ayuntamiento les hizo una visita porque querían ensalzar los patios del distrito Sur y que la fiesta no se ciñera a las zonas tradicionales: «Vino Amparo Pernichi, que en paz descanse, y vio cómo estaba esto y me dijo que era tercermundista». Y es que más allá de los problemas de me expropian o no me expropian, esta familia también tiene el obstáculo de que le colocaron justo enfrente de su casa un muro para otro proyecto que pretendía unir la plaza del Rastro con sus alrededores. El plan no finalizó, pero el muro se quedó. «Quiero que quiten el muro y quedarme viviendo aquí, no pido más», concluye Antonio.

Petición de expropiación

El problema que tienen los vecinos de esta zona de la ciudad es que, aunque no les expropien, como existe un proyecto para ello no pueden disponer de su vivienda en toda su plenitud. Esto quiere decir que los residentes que pueden ser expropiados no han reformado sus viviendas en años porque no se van a gastar ese dinero si, poco tiempo después, les van a echar la casa abajo. Tampoco pueden vender sus viviendas y sacarles el dinero que estimen oportuno, lo que genera aún más desasosiego entre los residentes.

Tanto es así que ya hay dos familias de la zona que han pedido directamente al Ayuntamiento que ejecute la expropiación, algo a lo que tienen derecho. Es más, en noviembre del año pasado la junta de gobierno local ya tomó conocimiento de este requerimiento al que, sí o sí, tendrá que dar respuesta. En este caso, la junta de gobierno local estimó la petición y aprobó provisionalmente iniciar el proceso de expropiación forzosa para dos de las parcelas de la plaza del Rastro (incluyendo para ello el visto bueno a un gasto de poco más de 193.000 euros).

«Eso no se va a ejecutar»

A pesar de existir esa lógica incertidumbre sobre lo que va a pasar, también está el hecho aplastante de que, habiendo pasado más de 30 años, ahí no se haya hecho nada. Es por esto mismo por lo que los vecinos consideran que, casi con total seguridad, el objetivo inicial, ese de finales de los 80, no se va a alcanzar nunca. Gran parte tiene que ver con la cantidad de dinero que hace falta para culminar toda la obra (incluidas las expropiaciones). Cuando Nieto anunció que se descartaba el proyecto, el ahora edil de IU y antaño presidente del Consejo del Distrito Sur, Antonio de la Rosa, dijo locuaz que aquello se hacía porque «no hay un duro para pagar las expropiaciones y hacer las obras».

No piensa muy diferente el presidente de la asociación vecinal Puente Romano, Juan Moreno, que afirma convencido que «eso no se va a ejecutar» y que añade que «los políticos son conscientes de que eso cuesta mucho dinero». Más allá de renunciar al proyecto original, Moreno sí ve necesario acabar «con todos los años de calvario que llevan padeciendo los vecinos de la zona» y pide indemnizaciones ante un hecho que ha lastrado tanto la vida de muchos vecinos. Y es que son en torno a una veintena de residentes los que se ven afectados, más los dos negocios de hostelería citados y el propio centro social Rey Heredia.

Lo que sí tiene claro el presidente de la asociación vecinal es que aquello «se tiene que dejar cómo está» y, en cualquier caso, permitir las reformas que den lustre a unos edificios que llevan en el mismo estado muchos años.

La otra gran zona pendiente de expropiación se localiza en el entorno de la avenida de Trassierra, pero aquí la espera no ha sido tan larga y, además, las primeras fases del proyecto ya están activadas. Para esos primeros trabajos, la Gerencia de Urbanismo ya expropió viviendas situadas entre las calles Río Névalo, Portugal y Alfonso VII. Los trabajos que están en marcha ahora abarcan unos 300 metros y se desarrollarán entre las calles Río Névalo y Francisco de Toledo, esto es, desde las proximidades de la iglesia de Las Margaritas hasta enlazar con los cuatro carriles que proceden de la glorieta Amadora.

Última fase

Sin embargo, la reforma para la ampliación de la avenida de Trassierra a cuatro carriles no acaba aquí. Una vez ejecutados los trabajos anteriormente citados, quedaría la última parte a reformar, el espacio comprendido entre el colegio Antonio Gala y la estación de tren (la calle Doña Berenguela). Es esta última parte la que tiene pendiente a varios vecinos que también serán expropiados. Se trata de una manzana situada en la esquina que conforma la avenida con la calle Pintor Peñalosa. Aquí no hay tantos afectados como en el caso de La Calahorra, pero también están pendientes de que Urbanismo dé los pasos necesarios. Esther y Federico están al frente de un estanco situado en esa manzana y en cuyas ventanas pueden verse mensajes de ánimo relacionados con esa futura expropiación. Ellos viven justo arriba del estanco y aseguran que nadie se ha reunido con ellos en los últimos meses. Eso sí, afirman estar deseando que la expropiación llegue porque el alquiler que pagan por el local del estanco es altísimo y esperan mejorar la situación tras el proceso urbanístico.

En esa manzana donde se producirán las expropiaciones hay pocas edificaciones más. Junto al estanco hay cuatro inmuebles de una planta, tres son viviendas deshabitadas y el otro acogió hace años la Escuela Provincial de Formación Política del PCA. En la esquina, en diagonal con el estanco, sí hay una vivienda habitada.

De momento, no hay fecha para estas expropiaciones de las que depende la última fase de la avenida de Trassierra. A finales del año pasado, Rafael Ruiz, jefe del servicio de Proyectos de Urbanismo, explicó que la intervención está pendiente del PERI MA-5, ya que una parte del terreno es de propiedad privada y el Ayuntamiento de Córdoba necesita que se lo cedan. El presidente de la GMU, Salvador Fuentes, detalló por su parte que «hay que culminar acuerdos que van en buen camino y en este año, en el primer semestre, tendremos noticias del tramo». Así, comentó que «está todo prácticamente apalabrado, pendiente de los acuerdos jurídicos necesarios para empezar el proyecto de desarrollo del PERI MA-5».

Otros casos

Los casos de La Calahorra y la avenida de Trassierra son los más llamativos porque son los que afectan a más personas, sin embargo, no son los únicos. Ya se lograron culminar (tras años de negociaciones con los vecinos) las expropiaciones en la avenida del Marrubial que permitirán continuar con su reforma, así como las de varias viviendas en la unión del Alpargate con la avenida Barcelona para ampliarla.

Todavía pendiente está el proyecto de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta de cinco fincas situadas entre las calles Costanillas y Hornillo. La expropiación tiene como fin un proyecto que llevan años esperando los habitantes de la zona: un equipamiento deportivo y un aparcamiento. En este caso, la aprobación inicial se hizo en abril del año pasado.

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