Una tregua para los octogenarios estafados en la compra de su vivienda

La pareja de octogenarios que fueron víctimas de una estafa al comprar una vivienda han iniciado una nueva causa contra la empresa que se quedó con su dinero. El abogado de la familia, Francisco Estepa, no está dispuesto a rendirse y después de que los dueños de Matas y Ravé Promociones y Construcciones SL se fueran de rositas tras ser condenados por estafa porque se declararon insolventes, ha abierto una nueva causa contra ellos. Una cruzada judicial que, además de intentar que el matrimonio recupere al menos parte de su dinero, les dará un respiro extra al recurso contra el desahucio que ya está en curso, aunque la fecha de deliberación, votación y fallo se ha señalado para abril de 2024. Por otro lado, hace un mes, el letrado de Manuel y María solicitó el concurso de acreedores de la empresa para reclamar la deuda pendiente. «Si son insolventes, que se declare el concurso de acreedores», decimos. Este procedimiento, según Estepa, podría derivar en la suspensión de todas las acciones judiciales. Además de esta solicitud ante el juzgado de lo Mercantil, contra los deudores pesa otra denuncia interpuesta por la familia en el juzgado de lo Penal por un delito de insolvencia punible. «Hemos descubierto que estaban alquilando una serie de pisos que no habían vendido y que, en lugar de destinar el dinero recaudado a pagar la deuda de más de 200.000 euros que tienen con esta familia, estaban desviando el dinero a otras cuentas, algo que está tipificado como delito», señala.

Según el hijo de Manuel y María, de 86 y 82 años, ex guardia civil él y ama de casa ella, «nos consta que uno de los socios tiene dinero y no estamos dispuestos a que mis padres, cuyo único pecado fue confiar en ellos al comprar su piso, como se ha demostrado en el juzgado, tengan que ser desahuciados de su vivienda por la mala fe de otros, que se han declarado insolventes sin serlo». El abogado de la familia está dispuesto a llegar hasta el final. 

Enfrascados en un proceso judicial que ya dura ocho años, Manuel sufre una demencia de la que ha empeorado en los últimos meses y que obliga a sus dos hijos a estar pendientes las 24 horas. «El año pasado solicitamos la ley de la dependencia para ver si podíamos poner a alguien que les ayudara unas horas, pero todavía no han venido a valorarlo», explica José Manuel, que recuerda que aunque han intentado solicitar una vivienda de alquiler de protección oficial, «ni siquiera podemos registrarlos porque el piso todavía está a su nombre». De momento, la perspectiva de tener el techo asegurado al menos hasta 2025 les da cierta tranquilidad. «Ojalá se haga justicia».

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