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Funcionarios de la Administración de Justicia exigen la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa

Los sindicatos denuncian que el proyecto, tal y como está redactado, podría suponer "una importante reducción de los puestos de trabajo"

Concentración, esta mañana, frente a la Ciudad de la Justicia.

Concentración, esta mañana, frente a la Ciudad de la Justicia. / CÓRDOBA

Funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado este viernes frente a la Ciudad de la Justicia de Córdoba para exigir la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y así "garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal". No es la primera vez que se produce esta protesta a nivel nacional convocada por los sindicatos CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO ante "la negativa de la ministra Pilar Llop de negociar los importantes cambios en las condiciones de trabajo que supondrá" la nueva ley.

Según la Junta de Personal de Justicia en Córdoba, el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales y puede suponer "una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la administración".

A juicio de los sindicatos, este proyecto de ley permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquel en que se está destinado. Con ello, denuncian que "esta movilidad discrecional puede ser utilizada para el control político de la Administración de Justicia a costa de los recortes de derechos de los funcionarios de justicia", al tiempo que consideran que también se abre la posibilidad de "imponer nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo sin negociar".

Desarrollo de la carrera profesional

El personal de la Administración de Justicia exige, por otra parte, el desarrollo y retribución de la carrera profesional, "que es un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 2019, pero que el Ministerio de Justicia se niega a negociar, a reconocer y a establecer su retribución complementaria", reprochan.

También se exige la mejora de la promoción interna para la recuperación del 50% de las plazas de las Ofertas de Empleo Público para este turno y se reivindica una convocatoria extraordinaria añadida a la convocatoria del turno libre de los procesos de estabilización.

Otra de las exigencias sindicales es la convocatoria de concursos de traslado con todas las plazas vacantes, denunciando que muchas de ellas "se ocultan al acceso del personal titular año tras año, sin justificación alguna, restringiendo las expectativas de movilidad del personal".

Por último, los sindicatos demandan la negociación del Reglamento y Relaciones de Puestos de Trabajo del Registro Civil y denuncian que el despliegue de los nuevos registros civiles "se está llevando a cabo de forma unilateral sin negociación colectiva, que se están asignando arbitrariamente nuevas funciones al personal de los nuevos registros y de las oficinas colaboradoras de los juzgados de Paz y que el nuevo programa informático Dicireg incrementa el volumen de trabajo, pero no se están incrementando las plantillas".