El Ayuntamiento de Córdoba ha ordenando paralizar el abono de las facturas emitidas por las empresas que están bajo sospecha y están siendo investigadas en el conocido como caso Infraestructuras, al menos hasta que no culmine la instrucción judicial. El caso Infraestructuras estudia un posible amaño y fraccionamiento de contratos en la delegación municipal del mismo nombre y tiene abiertas actualmente dos causas en los juzgados: una primera causa de contratos de obra menores del año 2020 (en la que hay imputadas dos personas: un empleado municipal y la excoordinadora de la delegación) y una segunda causa de contratos mayores que se remontarían varios mandatos atrás (donde hay señalado otro empleado público). En ambos casos, la Fiscalía señaló la existencia de indicios constitutivos de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y otros.
Además, la semana pasada el equipo de gobierno dio a conocer la existencia de unas 200 facturas de un montante económico pequeño (en torno a los 500 euros) que tampoco iban a abonarse, de momento, porque no se había podido comprobar que los trabajos se hubieran llevado a cabo realmente. «Hay serias dudas de que la prestación del servicio se hubiera llevado a cabo en los términos licitados», dijo el delegado de Gestión e Infraestructuras, Antonio Álvarez, cuando informó de este nuevo lío a la prensa.
Investigación policial
El descubrimiento de estas facturas se puso en conocimiento de la asesoría jurídica municipal y también se dio aviso a la Policía Nacional ya que algunas de las mismas corresponden a «empresas de las que tenemos conocimiento de que están siendo investigadas en otros procedimientos», dijo Álvarez en referencia al caso.
Los pagos estarán paralizados mientras estén siendo investigados por la Policía Judicial y cuando se resuelva el caso se abonarán si es necesario con los intereses de demora correspondientes.
En el primer caso Infraestructuras, el Ministerio Fiscal apreció en los hechos denunciados delitos de prevaricación y falsedad de documento, sin perjuicio de otros que pudieran derivarse de la investigación. Se están investigando un amplio listados de empresas y empresarios, y en concreto un grupo de sociedades cuya constitución se produjo en torno al 2019. En un reciente auto judicial, el juez amplió el plazo de la instrucción hasta el mes de mayo del 2023 argumentando falta de tiempo. En el segundo caso, la Fiscalía señaló a media docena de empresas cordobesas como posibles cooperadores de los delitos señalados.
