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ENTREVISTA José Antonio Nieto Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública

«La sociedad ha asumido como algo gratis culpar a los políticos de casi todo»

«En el caso Infraestructuras el alcalde está haciendo lo correcto», afirma

Entrevista a José Antonio Nieto

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. A.J.González

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El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Irina Marzo

José Antonio Nieto (Guadalcázar, 1970) estrena etapa política al frente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y estrena despacho en la plaza de la Gavidia en Sevilla, porque su antecesor, Juan Marín (Cs), despachaba en San Telmo. El político popular y licenciado en Derecho reconoce que, desde que tomó posesión del cargo, no ha dejado de reunirse con gente y de estudiar. «A ver si no suspendo», dice.

Antes que nada, le pregunto como exalcalde, ¿cómo ve el momento de tensión que se vive en el Ayuntamiento de Córdoba por el caso Infraestructuras?

Estoy siguiendo lo que se publica, aunque no lo conozco en profundidad. Creo que el alcalde está haciendo lo correcto: aclarar los hechos, pedir a los servicios jurídicos municipales que se impliquen y colaborar con la justicia. Es lo que toca, pero evidentemente es una situación desagradable.

La segunda causa en instrucción de ese caso Infraestructuras se remonta hasta su etapa.

En un ayuntamiento hay un trabajo que hacen los funcionarios dentro de sus responsabilidades y que tienen sus pautas de funcionamiento, y luego están las decisiones políticas que se adoptan en el pleno. Da igual en qué momento ocurra que un funcionario haga su trabajo de forma errónea o incluso de una forma que no se ajusta a derecho. Ahí no hay responsabilidad política, ni en mi caso ni en el siguiente mandato con PSOE e Izquierda Unida.

¿Hay controles técnicos suficientes para evitar la mala praxis?

No se puede controlar todo; hay que confiar en la buena fe y la verdad es que la inmensa mayoría de los funcionarios actúan con mucha responsabilidad y respeto a las normas y al dinero público. Hay excepciones que al final se acaban viendo y castigando, pero no se puede actuar de inmediato. No se puede desconfiar del trabajo de los funcionarios ni establecer muchos más controles. Bastante burocracia tenemos ya como para establecer más. Tenemos que confiar, tenemos muchos buenos funcionarios honrados y alguna excepción. El caso está sub júdice.

Si se demuestra judicialmente que un funcionario amañó contratos en beneficio propio, ¿hasta dónde deben depurarse las responsabilidades políticas?

En el Ayuntamiento de Córdoba hay 29 concejales y cientos de funcionarios y es imposible que esos concejales estén detrás de cada actuación que hacen los funcionarios. Los funcionarios son el gran auxilio que tenemos los gobiernos. Son personas con amplio conocimiento de la materia que tratan, con mucho compromiso con el servicio público y con mucho respeto a los recursos públicos. Como todo en la vida también hay funcionarios que no respetan esa legalidad y esa objetividad en la adjudicación de contratos como en este caso donde presuntamente que se ha obtenido un beneficio ilegal. No todo se le puede achacar a los políticos; hay cosas en la vida que no se le pueden achacar a los políticos.

«El PFEA tiene muy mala fama fuera de Andalucía; tenemos que demostrar que es útil»

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Ha estado en el Gobierno local, en el Gobierno central y en el Gobierno andaluz, ¿cuál cree que es la administración más vulnerable a este tipo de corrupción?

En todas las profesiones ocurre y también ocurre en la función pública, donde hay un porcentaje muy pequeño que mancha la labor de la inmensa mayoría. Ocurre también en la política, pero la sociedad ha asumido como algo que sale gratis culpar a los políticos de casi todo. Existe un riesgo en la administración pública local, autonómica y nacional, y en todas tenemos la obligación de detectar esa malas prácticas y evitarlas. Por eso es importante ayudar a la función pública con formación y cuando no queda más remedio con medidas más contundentes. En parte a eso responde la Ley de Función Pública que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno y que se va a debatir en el Parlamento dentro de poco.

Entrevista al consejero de Justicia

Entrevista al Consejero de Justicia A.J.González

Una ley de la que dijo que «es más de zanahoria que de palo» para incentivar a los funcionarios. ¿Es cariño lo que necesita el funcionariado andaluz?

El cariño es motivación, es respeto, es orden a la hora de desarrollar su trabajo, son medios para poder desarrollarlo en condiciones adecuadas y es darle la formación necesaria. La formación es una herramienta básica a la hora de corregir la mala práctica. Esta ley trata de premiar al buen profesional, corregir la mala praxis y en caso de que persista permitir herramientas que le sancionen y que eviten que los funcionarios sufran las consecuencias de la mala imagen de unos pocos, muy pocos.

¿Es compatible dotar a la administración de más empleados públicos y recortar la administración ‘paralela’ andaluza?

Queremos que la administración que hemos llamado durante mucho tiempo administración paralela se convierta en un sector público instrumental, que es lo que debería de haber sido siempre, es decir, una serie de organismos de apoyo a la administración. A veces la administración no es la solución adecuada para prestar determinados servicios. En el caso del Ayuntamiento de Córdoba hay empresas públicas como Aucorsa o Sadeco que se adaptan mejor a la prestación de un servicio. En la Junta pasa igual. Ya estamos en plena reconversión de ese sector público instrumental que, en un momento determinado, quienes gobernaban en Andalucía tuvieron la tentación de ganar votos o apoyos a base de ofrecer lo que no podían: puestos de trabajo en la administración o en este caso en organizaciones que formaban esa periferia de la función pública. Esto derivó en malas prácticas que han supuesto una condena importante para un número importante de altos cargos de esos gobiernos y ha supuesto la pérdida de más de 1.000 millones o de un mal uso de más de 1.000 millones que debían de haber servido para ayudar a los andaluces que no tenían un puesto de trabajo y que lo buscaban. Esas políticas activas de empleo han sido las grandes damnificadas.

El Partido Popular y usted mismo ya se han pronunciado sobre el posible indulto a Griñán, pero quería preguntarle si ha desistido la Junta de reclamar a los condenados en esa sentencia de los ERE la reparación de daños a las arcas públicas por la dificultad legal que tiene hacerlo. ¿Se ha tomado ya esa decisión?

No, no se ha tomado esa decisión y no se tomará esa decisión porque la Junta tiene que intentar hasta el último momento y hasta la última consecuencia esa reclamación. El menor de los objetivos de una sentencia es el de sancionar a quienes han actuado de una forma ilegal. El mayor de sus objetivos es servir de ejemplo para que no se vuelva hacer y, en esa labor de servir de ejemplo para que nunca más se vuelva a hacer lo que se hizo en el caso de los ERE o de la Faffe o de lo que ha acontecido en torno a esa actividad que ahora ya hay una sentencia firme que la ha descrito como una actividad delictiva, requiere que se actúe con contundencia y que reclamemos esos recursos que son de todos los andaluces y que se quedaron unos pocos andaluces de forma ilegal, y usándolo para todo, desde comprar cocaína a ir a un puticlub. Creo que eso ha dañado mucho la imagen de la Junta y ahora la Junta tiene que reclamar ese dinero que se ha malversado entre otras cosas para que quien tenga la tentación de hacerlo en el futuro note esa presión.

¿Cómo mejorarán la relaciones de la Junta con los ayuntamientos a través de la simplificación burocrática que ha anunciado?

Quiero hacerlo desde el diálogo, sentándome con los representantes de los ayuntamientos a través de la FAMP y con los grupos políticos con representación parlamentaria. Directamente también con los alcaldes, que ya lo estamos haciendo, para que me digan en qué podemos colaborar. Y quiero hacerlo desde un cambio de paradigma. La Junta desde su creación ha actuado con mucha prepotencia sobre los ayuntamientos, con un ánimo de evidenciar que había una tutela hacia ellos que en algunos aspectos ha resultado grosera. Creo que hay que cambiar esa relación y hacerla un tú a tú, de igual a igual entre dos administraciones que colaboran para prestar un servicio al ciudadano y con la obligación de ayudarse para que ese servicio sea el mejor posible. Esa burocracia ha quedado claro que no sirve, que es muy costosa y además dificulta la prestación del servicio que es lo prioritario.

¿La política fiscal es la más política de todas las políticas?

No, la política fiscal es una más y tiene la virtud de que se objetiviza y que se visualiza en números en lugar de letras. Eso tiene una gran ventaja porque, sabiendo sumar, multiplicar y dividir, se entienden muchas cosas y cuando uno se sienta delante de cualquiera con objetividad y con datos que no son opinables demuestra que, bajando impuestos, se pueden subir los ingresos tributarios. Creo que eso acredita una buena práctica y acredita que la dirección de la Junta es la correcta. En la firma del decreto de la sexta rebaja fiscal en Andalucía, el presidente dijo que hay un punto en que estas rebajas fiscales ya no son eficientes, pero todavía no hemos llegado a ese punto. En el año 2018, Andalucía era la décima comunidad en cuanto a presión fiscal y ahora somos la segunda. El discurso de la izquierda nos llevaría a pensar que ahora Andalucía ingresa menos por recaudación tributaria, pero no es cierto, ingresamos mucho más. Hemos conseguido que con una presión fiscal razonable se incremente el número de declarantes en 300.000 personas. Eso nos ha permitido mejorar la financiación de la salud, de la educación o de la dependencia.

«No es cierto que solo les estemos bajando los impuestos a los ricos»

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Refute la tesis de la izquierda que sostiene que solo les están bajando los impuestos a los ricos.

Es que eso no es cierto. En Andalucía hay una parte de la sociedad que es la que disfruta de la gran rebaja fiscal, por ejemplo los andaluces con menos de 12.000 euros de ingresos que no tienen que hacer declaración de la renta; de los 12.000 a los casi 30.000 euros hay una evolución progresiva muy adecuada, y ahora se va a deflactar el IRPF a las personas que están en esos tramos. Luego hay una parte que es anecdótica, que es la bonificación del impuesto de patrimonio, que no existe en ningún país de Europa, ni siquiera en Portugal donde gobiernan los socialistas hasta hace muy poco en coalición con los comunistas. Ese impuesto tiene un objetivo: que las personas con ingresos más altos y una tributación por rentas y sociedades muy alta no decidan irse a otra comunidad o país por la presión fiscal excesiva que tenían en Andalucía. Las rebajas fiscales que se han adoptado hasta ahora han permitido que casi 300.000 declarantes que no estaban en Andalucía ahora declaren aquí. Eso ha supuesto más de 1.000 millones de ingresos y es lo que ha permitido ayudar a todos los andaluces, a los que tienen menos recursos y a la clase media trabajadora, y que ese dinero no haya tenido que salir de una subida a sus impuestos que es lo que quiere la izquierda.

Hay quien ha interpretado la rebaja fiscal impulsada por la Junta como un pulso entre Ayuso y Moreno, ¿qué opina de esa teoría?

Opino que quien sostenga esa teoría no conoce ni a Ayuso ni a Moreno. La rebaja fiscal, insisto, es la sexta y no una improvisación que se haya hecho para salir en una portada. Es un plan perfectamente diseñado con mucho análisis. Queremos que Andalucía sea una comunidad autónoma líder, donde vengan a invertir todo el que cree empleo y aquellos que tengan más recursos y estén dispuestos a pagar mejores salarios. Esos no van a venir si Andalucía los recibe con una presión fiscal inadecuada. Ojo, en Andalucía hemos bajado la presión pero hay una muy alta recaudación fiscal que nos permite mantener los servicios públicos en buenas condiciones, a pesar del nefasto sistema de financiación autonómica. No se va a poner en riesgo la prestación de los servicios públicos por ninguna rebaja fiscal. La izquierda ya ha desistido de usar ese argumento porque sabe que es falso. Es mentira, en los cuatro años de Juanma Moreno la recaudación se ha ido incrementando y se recauda más que en la época del PSOE .

Con el anuncio de Moreno se enfadaron en Cataluña y con el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central Andalucía amenaza con defenderse si se invaden sus competencias. ¿Hemos entrado en una guerra?

Si desde el Gobierno intentan limitar las competencias que nos da el Estatuto de Autonomía, las vamos a reclamar, y lo mismo debería hacer el Gobierno con las suyas. Por cierto, que ahí en el Gobierno andaluz tenemos una duda: ¿van a aplicar el impuesto a las grandes fortunas anunciado por la ministra Montero en el País Vasco y en Navarra? Eso le daría verdad a ese discurso demagógico del Gobierno respecto a la armonización fiscal, pero si no se aplica demostraría el cinismo del propio impuesto.

¿A Juanma Moreno lo ve en un futuro aspirando a la presidencia del Gobierno o eso es adelantar muchos capítulos?

No, yo veo a Juanma Moreno presidiendo la Junta; creo que está haciendo un buen trabajo y nos tiene a todos muy centrados en él. Me gustaría que los lectores de CÓRDOBA supieran hasta qué punto el presidente está en el detalle de la gestión de cada una de las consejerías y cómo nos pide información sobre aspectos muy concretos. Veo a Juanma Moreno preocupado de eso, de que Andalucía funcione, de que sea una locomotora en España y deje ese quejío en el que la instaló el PSOE durante mucho tiempo, cuando Andalucía estaba a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo.

Firmó ayer con las diputaciones el convenio del PFEA y dijo que hay que hacer ‘lobby’ para defenderlo, ¿por qué es necesaria esa postura de fuerza? ¿Cómo mejorará estos planes?

El PFEA es el único empleo como tal impulsado por el Gobierno y que tiene financiación de tres administraciones, y afecta a dos comunidades con una altísima tasa de desempleo. Por eso, cuando oyes a presidentes de diputaciones del PSOE decir que lo que hace falta es que se incremente la partida de materiales, me resulta una auténtica grosería. A veces la necesidad de crear una polémica te lleva al absurdo. Este año el PFEA se ha incrementado un 5% por una razón muy sencilla, porque el Gobierno ha subido un 5% la aportación a materiales y el reglamento del PFEA establece que el Gobierno pone el 55% del plan y Junta y diputaciones, el 45% restante. Es decir que si sube uno suben los demás. ¿A qué viene esa polémica del PSOE absurda? Tuve una conversación razonable con el presidente de la Diputación de Córdoba que espero que sirva. Le trasladé la necesidad de que trabajemos juntos por mejorar el PFEA. Hace 20 años que no se toca el núcleo ni de cálculo ni de gestión del PFEA. Tenemos la obligación de hacerlo ya y convertirlo en el programa de empleo que se necesita en el siglo XXI. La Junta va a seguir respondiendo como hasta ahora y si sube el Gobierno, subiremos nosotros. Los andaluces independientemente del partido al que pertenezcamos debemos hacer lobby por este plan, que además tiene muy mala fama fuera de Andalucía. Tenemos que demostrar que es útil y que presta un buen servicio.

En cuanto a equipamientos y recursos de la justicia en Córdoba, están pendientes la Ciudad de la Justicia de Lucena, la ampliación de la oficina fiscal o la implantación de la oficina judicial. ¿Cuáles serán sus prioridades? ¿A qué se refiere cuando habla de un modelo de justicia para Andalucía?

Córdoba tiene la mejor sede de la Ciudad de la Justicia de toda Andalucía y está razonablemente bien en cuanto a la situación de las sedes judiciales, salvo dos: la de Aguilar, que es un edificio histórico que tenemos que ver cómo mejorar, y la de Lucena, cuya Ciudad de la Justicia esperamos que esté en uso a finales del 2023. Respecto a las oficinas judicial y fiscal tenemos un problema porque se está tramitando en el Congreso la ley de eficiencia administrativa y la ley de eficiencia procedimental y habrá que esperar a ver cómo se tramitan. A esto está vinculada también la aparición de los tribunales de instancia que es la manera en que se ordenarán los juzgados. Estoy hablando con todos los operadores jurídicos para garantizar que la línea con la que apliquemos esa legislación permita la mejor prestación del servicio.

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