Estar en el paro o figurar en los registros de demandantes de empleo no es sinónimo de percibir una prestación, como tampoco lo es de ser persona en riesgo de exclusión o necesitada de alguna ayuda económica, aunque suele ser lo más habitual. Según las estadísticas del Ministerio de Empleo correspondientes al mes de diciembre del 2021, las últimas disponibles, la provincia de Córdoba cerró el año con 65.319 personas paradas, de las cuales solo 57.333, según los datos cerrados del mes, eran beneficiarias de un subsidio por desempleo, es decir, 8.016 no perciben nada, muchos de ellos porque son parados de larga duración que ya han agotado el derecho. Además, de las 57.333 prestaciones reconocidas, solo 11.031 son contributivas, frente a casi 43.000 asistenciales, que suponen un ingreso de apenas 453 euros. Esta cifra, siendo preocupante, refleja sin embargo la mejoría en los datos del paro y la paulatina incorporación de cordobeses al mercado laboral, tras el parón provocado por la pandemia. De 16.238 personas sin prestación de desempleo a principios del 2021, se ha pasado a menos de la mitad al cierre del año, lo que podría ser un indicio de recuperación económica.
Según la secretaria de Empleo de CCOO, Ana Belén Acaiña, «los datos muestran el impacto de las nuevas contrataciones registradas en los últimos meses, pero también la situación de muchos parados de larga duración que, tras mucho tiempo sin recibir ofertas de empleo, han dejado de renovar su demanda en el SAE». El número medio de prestaciones por desempleo en Córdoba se ha mantenido en 63.000 personas a lo largo del 2021, «una cifra más o menos estable que indica que hay una bolsa de personas que no encuentran un trabajo y siguen dependiendo de una prestación». También indica que «hay un volumen importante de personas que, habiendo trabajado, lo han hecho en puestos en los que no están dadas de alta o con contratos basura, por horas o a tiempo parcial durante periodos cortos, por lo que no generan el derecho a recibir prestación, sobre todo, en sectores muy precarizados y feminizados como las empleadas de hogar, limpieza o las cuidadoras». La precariedad afecta, además, a un volumen importante de migrantes residentes en la provincia que al no tener regularizada su situación no pueden trabajar y tampoco tienen opción a tramitar el ingreso mínimo vital, indica Acaiña. El último recurso de las personas desempleadas que no tienen derecho o han agotado el subsidio de desempleo es recurrir al ingreso mínimo vital (IMV). Según los últimos datos, en Córdoba hay casi 23.000 personas que perciben esta ayuda básica, de las cuales 8.314 son menores y 14.443 adultos, aunque los datos no indican cuántos de ellos son población activa. Según la responsable de CCOO, «los requisitos que se exigen para la percepción de este ingreso deja fuera a muchas personas paradas, entre ellas a los jóvenes en búsqueda activa de empleo, que, al no tener recursos propios, viven y están empadronados con sus padres, ya que los ingresos que se tienen en cuenta son los de la unidad familiar».
En octubre del 2021, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciaba que los parados accederían automáticamente al ingreso mínimo vital al agotar el subsidio de desempleo, una medida que de momento no se está aplicando. El Gobierno anunció modificaciones en el acceso al IMV para aumentar el número de beneficiarios, entre ellas el salto inmediato de la prestación al ingreso mínimo para evitar una transición intermedia sin ingresos y ofrecer así una mayor protección social. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba han informado de que «la ley se acaba de aprobar» (recibió la luz verde a mediados de diciembre del 2021), por lo que «actualmente se están realizando los trabajos para hacer posible su aplicación», aunque no han dado fecha sobre cuándo podría empezar a ser una realidad.
La nueva Ley del Ingreso Mínimo introduce otras mejoras como la posibilidad permanente de solicitar la prestación poniendo como referencia los ingresos del año en curso y el incremento de los umbrales de renta y patrimonio aplicables, con el fin de dar respuesta a las situaciones de pobreza sobrevenida. Andalucía es la comunidad autónoma con más beneficiarios del ingreso mínimo vital, unos 251.000 (casi 93.000 menores), frente a los 87.900 de Madrid o los 65.400 de Cataluña.
Pese a ello, según CCOO, «esta ayuda sigue sin llegar a todos los que lo necesitan y hay personas que, tras varias negativas, ni siquiera se plantean volver a solicitarla o no saben que tienen derecho a hacerlo». Por eso, reclaman más campañas de difusión y más personal para agilizar la tramitación de esta prestación.
