Un 16% de los cerca de 3.000 investigadores que trabajan en la Universidad de Córdoba cuenta con un contrato por obra o servicio, con duración en función del trabajo a desarrollar. Es así en la UCO y en todo el sistema de Ciencia y Tecnología del país, con unos 25.000 investigadores contratados de esta forma, que se ha visto trastocado por un cambio en la nueva reforma laboral que afecta a este tipo de contrato, regulado por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y que podría desaparecer. 

El rector de la UCO y presidente de los rectores españoles (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, ha advertido del grave problema que se plantea pero también insiste en que «no debemos crear alarma social», según ha manifestado a este periódico. En estos momentos, unos 500 investigadores de la UCO tienen este tipo de contratos por obra y servicio que la reforma laboral elimina, pero Gómez Villamandos matiza que «a ellos no les va a afectar, pues terminarán sus contratos».

El problema viene con las siguientes convocatorias, ya que a partir del 30 de marzo se eliminan estos contratos «y no han puesto alternativa». Por eso, el rector explica que en la UCO han modificado el calendario «para poder contratar antes del 30 de marzo» a un centenar de investigadores y que el sistema siga funcionando. Hay que tener en cuenta que en la Universidad de Córdoba hay previsto un calendario con 11 convocatorias de contratos con cargo a proyectos, grupos y convenios de investigación, que suponen entre 450 y 600 contratados al año.

José Carlos Gómez Villamandos: "Estamosde acuerdo en cambiar el sistema de contratación para dignificar al personal investigador"

La alternativa a este tipo de relación laboral, que ya estaba hablada con el Ministerio de Universidades y el de Ciencia, con la que los rectores están de acuerdo y que se va a reflejar en la próxima Ley de la Ciencia que se negocia con el Ministerio de Ciencia, es la de hacer «un contrato indefinido, sujeta su duración a la financiación externa recibida, eso evitará la concatenación de contratos, daría otro estatus, más continuidad y menos sobresaltos», ha apuntado el rector. Esta alternativa, «debería haber aparecido en la reforma laboral» por lo que «pedimos que se incluya en ella o que se retrase su aplicación para el sistema de Ciencia y Tecnología». Insiste Villamandos en que "estamos de acuerdo en cambiar el sistema de contratación para dignificar al personal investigador».

En la nueva ley de la Ciencia, «que nos convence mucho», se incorpora también una cuestión nueva que no había, explica el rector. Y es que en los contratos de formación se incluye una indemnización al final del mismo «que paga el organismo convocante», bien sea la Junta de Andalucía, el Ministerio o la propia Universidad.

Como presidente de la CRUE, Gómez Villamandos espera que la negociación dé sus frutos y pueda hacerse una corrección de errores.