Los empresarios del sector de la construcción en Córdoba han reaccionado a la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la nueva normativa de suelo para la comunidad autónoma. El secretario general de Construcor (Asociación Empresarios de la Construcción), Francisco Carmona, ha destacado que, en líneas generales, la nueva ley urbanística "supone un avance importante en la simplificación de los procesos de tramitación y aprobación de los distintos instrumentos de ordenación urbanística".
Se trata, ha recordado Carmona, de una demanda de los empresarios del sector "ante la necesidad de adecuar estos procesos a un nuevo orden que se caracteriza por las cambiantes transformaciones económicas y sociales, que requieren de una respuesta mucho más ágil que permita ajustar la ordenación urbanística y los usos del suelo a las necesidades de la sociedad en cada momento".
Hay varias claves incluidas en la norma que permitirán esa menor burocracia. Por un lado, se fija un plazo máximo de tres años para la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación municipal (y se incorpora el silencio administrativo positivo); también se potencia el papel de la colaboración público-privada en la gestión, tramitación y control de la actividad urbanística; se incorporan los conceptos que recoge la ley estatal del suelo sobre la viabilidad económica y técnica de las actuaciones de reforma y regeneración urbana de las ciudades (en el sentido de reducir determinadas cargas urbanísticas con la finalidad de asegurar su ejecución y evitar la existencia de vacíos urbanos) y se refuerza la autonomía de los ayuntamientos mediante la creación de nuevas categorías de instrumentos de planeamiento para la ordenación del suelo.
Eso sí, Carmona ha recordado que la consecución de estos objetivos va a depender de los futuros reglamentos de planeamiento y de gestión urbanística, cuya aprobación está prevista que pueda tener lugar en los próximos meses, pero de cuyo contenido nada se sabe en estos momentos.
Consejo del Movimiento Ciudadano
Esos reglamentos que derivan de la normativa matriz van a ser claves también a ojos del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). Así lo ha apuntado el presidente del órgano, Juan Andrés de Gracia, quien es además un profundo conocedor de las características urbanísticas de la ciudad y, más especialmente, de ese mundo paralelo que son las parcelaciones. ¿A cuántas parcelaciones beneficiará la nueva norma? Para De Gracia no se puede calcular, pero, sin duda, no serán las 11.000 que se dijeron en su día.
El CMC considera muy positivo que la Lista recoja la idiosincrasia de Córdoba y el "gran problema" que suponen las parcelas
Aun así, el presidente del CMC considera muy positivo que la Lista recoja, en parte, la idiosincrasia de un territorio como el de Córdoba, con ese "gran problema" que suponen las parcelas, algo que se ha debido a la insistencia de organismos como el Movimiento Ciudadano en la tramitación.
De Gracia ha pedido, en cualquier caso, "prudencia" porque la ley "no legaliza nada" por sí misma (en referencia a las parcelaciones), por lo que ha incidido en la necesidad de que el Ayuntamiento de Córdoba cuente con una oficina del territorio que sea la que interprete la norma y que indique el mejor camino a seguir para, principalmente, que muchas de estas viviendas puedan contar con servicios básicos.
El presidente del CMC sí ha valorado que esos servicios básicos puedan ser adelantados acorde al nuevo texto y también ha señalado el hecho de que se pueda fasear la urbanización (no tener que poner el acerado y la luz al mismo tiempo, por ejemplo). Lo que no ha entrado, ha lamentado De Gracia, es la limitación a un máximo de cinco años de las entidades de conservación, algo reclamado por el CMC.
