El Consejo de Ministros tiene previsto abordar hoy el proyecto de la nueva ley de Vivienda que después se remitirá al Congreso para empezar a tramitarse. El Ejecutivo central inicia así el camino para aprobar una normativa poco consensuada y bastante polémica, al menos en los aspectos que hasta el momento se conocen y que, no se puede olvidar, podrán sufrir modificaciones de aquí a que se apruebe de manera definitiva (si esto llega a ocurrir).
La limitación de los precios de los alquileres a través de la figura de las zonas tensionadas, la apuesta por la venta de vivienda pública o los incentivos a pequeños propietarios (si bajan los precios) centran algunas de las medidas.
De partida, los sectores implicados como pueden ser las constructoras, las inmobiliarias o incluso entidades de carácter social no han abrazado del todo esta nueva ley.
El secretario general de Construcor, Francisco Carmona, ha explicado a este periódico que, de partida, los problemas de acceso a una vivienda (clave que se pretende paliar por parte del Gobierno de Pedro Sánchez) "obedecen a una serie de factores cuya solución queda fuera o al margen de la órbita del proyecto de ley". En este sentido, ha hecho referencia al paro, algo que considera no solucionaría una nueva ley de vivienda, sino "una actuación potente a cargo del sector público".
También ha apuntado que esa dificultad de acceso a la vivienda que tienen ciertos colectivos, como pueden ser los jóvenes, "radica en la ineficiente utilización que se ha hecho de los patrimonios públicos de suelo a lo largo de estos años, que prácticamente se han dedicado en su totalidad a promover viviendas para su venta; tendencia que el proyecto de ley que se anunció hace unas semanas no corrige".
Desde Construcor han señalado, además, esa falta de consenso con la nace la normativa, aludiendo a las competencias que en materia de vivienda tienen autonomías y entidades locales. La implementación de ciertos aspectos de esa ley correría a cargo de gobiernos autonómicos y ayuntamientos lo que requerirá, en una futurible puesta en marcha, "de procesos no exentos de cierta complejidad".
Carmona hace referencia también a que lo que hasta ahora se sabe de la ley no aporta "ninguna solución a los problemas de impago de las rentas y el temor de los propietarios a verse atrapados en procesos lentos y costosos para recuperar su activo patrimonial". Es esa falta de garantías, según el secretario general de Construcor, la que lleva al alza de los precios o a más exigencias por parte de los propietarios a los ocupantes.
En definitiva, desde Construcor cree que la nueva norma, "desde la perspectiva social y económica, responde a criterios puramente de mera oportunidad que puede frustrar las expectativas de las empresas y de los colectivos más afectados por el problema de acceso al uso y disfrute de una vivienda".
