Andalucía y Madrid son las dos únicas comunidades que no han creado aún la comisión de garantía y evaluación necesaria para la puesta en marcha de la ley de Eutanasia, aprobada el pasado marzo en el Congreso. El decreto que regula esa comisión debería haber estado listo antes del 25 de junio. Según explica Gabriel Sánchez Bellón, de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), hasta hace unos días Extremadura también se encontraba entre las comunidades «a la cola», si bien el miércoles pasado quedaba aprobado dicho decreto. Esta falta de directrices ha sido un freno para aquellas personas que han intentado solicitar la eutanasia en Córdoba y en el resto de Andalucía y que, por el momento, no han podido hacerlo. En total, la asociación tiene contabilizados unos diez casos, aunque ha preferido no precisar si alguno de ellos está en Córdoba.
El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, apuntó hace unos días que «Andalucía fue la primera comunidad que hizo la exposición pública del decreto y está siguiendo sus trámites, ahora está en los órganos consultivos», añadiendo que la Junta tiene ya elaborados los protocolos de derivación, captación e intervención. «Estamos ahora formando a todo el sistema público sanitario, sobre todo, a los comités de ética, y cuando termine el trámite consultivo se aprobará el decreto donde viene ya quién forma la comisión y cómo aplicar la ley, que es de obligado cumplimiento» matizó. La razón del retraso, según explican desde la Consejería de Salud, es que quieren que sea una ley «muy garantista». DMD ve la situación como algo «llamativo» por cuanto Andalucía fue pionera en este ámbito. «No olvidemos que la ley de muerte digna fue aprobada en nuestra comunidad en el 2010, siendo la primera en hacerlo en nuestro país», recuerda.
Para el portavoz de la asociación, el problema no es otro que «la falta de voluntad política». «Tenemos constancia de que en Andalucía hay algún caso en el cual la familia llegó a tomar la decisión de recurrir al Defensor del Pueblo andaluz, si bien han optado por no decir ni dónde ni cuándo lo harán para mantener la discreción», asegura.
La complejidad del proceso
Desde el punto de vista social, la eutanasia sigue siendo una cuestión difícil de entender por algunos sectores. «Hace poco se dio el caso de una mujer de Madrid que decidió suicidarse porque veía que con la ley no podía conseguir la eutanasia», señala Sánchez Bellón. En aquel momento no se dieron los nombres de los implicados «porque en España el suicidio o el aborto siguen siendo tabú». Además, las personas que recurren a esta solución son una minoría. Para pedir la prestación de ayuda para morir se tienen que dar varios requisitos. El primero de ellos es que en el momento de la solicitud la persona, mayor de edad, sea capaz y consciente. Ha de sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante en los términos establecidos en la propia ley. A continuación, «una vez hecha la petición al médico, hay que hacer una espera inicial de siete días para que se elabore el informe correspondiente», explica. Si este es favorable, el paciente tiene un plazo de quince días para hacer una segunda solicitud que también tendrá otra semana de deliberación. Si pasado ese tiempo la persona continúa con el deseo de que se le practique la eutanasia, se le da paso a un segundo facultativo, «el médico consultor», especifica Sánchez Bellón. Este tendrá diez días para elaborar un informe que irá de vuelta al médico responsable que debe dar respuesta en un plazo de 24 horas. Si este último trámite es positivo, se informa a la comisión de que se va a proceder a la ayuda médica para morir. «Pero la comisión tiene tres días para designar a dos miembros para que redacten un nuevo informe, con un plazo de otra semana más que, de tener luz verde, a los dos días autoriza al médico responsable a practicar la eutanasia». En definitiva, pueden pasar dos meses entre trámite y trámite «y siempre contando con que todos los informes sean favorables», recuerda el miembro de DMD. Esta marea burocrática hace que si el paciente tiene por delante una enfermedad muy larga «se lo tomen con cierta calma», pero no tanto así «si la persona está sufriendo». En todo caso, debe disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos. Por último, tendrá que prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir.
Hay enfermedades en las que con los cuidados paliativos se puede salvar la situación, por ejemplo, un cáncer terminal, «pero hay otras en las que el cuerpo no está muriendo y, por tanto, no cabe la sedación», concluye.
De Carlos Gómez a María José Carrasco
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) considera a Carlos Gómez como el pionero de la lucha en España para el reconocimiento de la eutanasia. Gómez, un santanderino con leucemia, publicó ese mismo año una tribuna de opinión en el diario El País titulada Osar morir da la vida. En ella decía: «No cabe duda ya de que ha comenzado a resquebrajarse un tabú social tanto más represor que el que funcionó sobre el sexo. Me refiero al tabú de la muerte, o mejor, de la forma de morir». Carlos Gómez murió al año siguiente sin que se hubiera hecho caso a su testamento vital. El caso de Ramón Sampedro, que tuvo una enorme repercusión, fue el que llevó al primer plano de la actualidad la cuestión de la eutanasia. En el 2005 el doctor Luis Montes se convirtió en un personaje público sin pretenderlo. De la noche a la mañana, el excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), fue acusado de más de un centenar de homicidios por sedaciones paliativas. En enero del 2008 los tribunales cerraron el caso ratificando el sobreseimiento de la causa. En abril del 2017 José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, se suicidó y se grabó con una cámara para que hubiera constancia de que lo había hecho para acabar con su sufrimiento ya que los médicos consideraban que no se encontraba en una situación terminal. «Lo que me queda es un deterioro hasta acabar siendo un vegetal. Quiero poder decidir el final. Y la situación actual no me lo garantiza», dijo en referencia a la inexistencia entonces de una ley de eutanasia. En abril del 2019, María José Carrasco, enferma de Esclerosis Múltiple desde hacía 30 años, puso fin a su vida con ayuda de su marido, Ángel Hernández. Grabaron el suicidio en video y en él este le preguntaba si quería que la ayudara a poner fin a su sufrimiento, a lo que ella contestaba que sí, pudiéndose observar cómo ella misma bebía una solución tóxica con una pajita utilizando la poca movilidad que le quedaba, lo cual le provocó una muerte sin sufrimiento.
