El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Córdoba haya inadmitido el recurso presentado por el grupo municipal de Izquierda Unida (IU) contra el expediente del espectáculo nocturno del Alcázar, que ha sacado a licitación el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para dotar al monumento de un pase nocturno de luz y sonido. El regidor ha hecho estas afirmaciones después de que ayer se conociera la inadmisión del recurso presentado por IU y ha anunciado que van "a seguir adelante en todos los sentidos" con la licitación de este pliego --ya se ha abierto el primer sobre de ofertas y se han presentado tres empresas-- y que no van "a mirar atrás".

El regidor cordobés ha dado, además, un consejo a la oposición a la que le ha recomendado "bajar el tono de determinadas acusaciones", sobre todo, cuando son "valoraciones" sobre un proceso administrativo. "Hemos oído valoraciones subidas de tono con acusaciones encubiertas", ha añadido visiblemente dolido por la actuación de IU. Aunque el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales se ha limitado a decir que no es competente para determinar si el contrato es o no ilegal y remitírselo a la junta de gobierno local, Bellido considera que les han dado la razón sobre la legalidad del proceso. Por ese motivo, ha vuelto a pedir "mesura" a los grupos municipales al valorar proyectos "porque no es bueno sembrar sombras de dudas sobre la ciudad, que podrían haber asustado a las empresas", ha dicho.

IU, que no descartó acudir a la vía judicial, ha defendido las dudas que les genera el expediente para la contratación del nuevo espectáculo y ha pedido en varias ocasiones al alcalde, José María Bellido, que lo pare inmediatamente porque “hace aguas por todos lados”, incumple la legalidad y “tiene cuestiones oscuras”. Entre algunas de las irregularidades apreciadas por IU están la carencia en dicho expediente de un informe de Patrimonio Histórico, que debe emitir la Junta de Andalucía, para permitir una obra en un edificio protegido como el Alcázar; la ausencia de documentos que justifiquen la inversión exigida a las empresas —de 1,2 millones de euros—, así como el establecimiento de un canon “irrisorio”