UGT SP Enseñanza Córdoba se concentraba a primera hora de esta mañana para mostrar su disconformidad con la reciente condena impuesta a los dos profesores del IES Colonial que han sido juzgados por el fallecimiento de un alumno durante una actividad extraescolar. Así, el secretario de Enseñanza de FeSP UGT Córdoba, Juan Carlos Varo, explicaba a los medios de comunicación que "denunciamos que los profesores, en esta labor docente, están totalmente desprotegidos, como si de una actividad privada se tratara, teniendo que responder penalmente sin ningún tipo de cobertura ni respaldo de la administración, en una labor que va más allá de lo que puede ser exigible a un docente". Por ello, "y con el debido respeto a las decisiones judiciales", desde la organización sindical, "creemos que no se debería haber condenado a estos profesores como homicidas imprudentes por un desafortunado accidente, con una sentencia que señala que hubo falta de adopción de las precauciones exigibles o, dicho de otro modo, por la entidad que alcanza la infracción de las normas objetivas de cuidado, en este caso, las que dos profesionales de la docencia en realización de actividad extraescolar en medio natural".
Insistía Varo que dicha "pone de manifiesto la situación de total vulnerabilidad jurídica del profesorado en el ejercicio de su profesión, pues han sido condenados dentro de las actividades extraescolares que tenían programadas". "A pesar de que la sentencia aclara que la actividad estaba preparada de manera adecuada (con permisos, autorizaciones de los padres, etc.), que tanto bomberos, como Guardia Civil, aseveraron que era una zona apta para el baño, o del hecho demostrado que ni los propios compañeros del alumno que estuvieron junto a él se percataron de nada, y sobre todo, que los dos profesores estuvieron en todo momento pendientes de sus alumnos, se les considera responsables de un homicidio por imprudencia profesional", lamentaba el secretario de Enseñanza de UGT para recordar que, además de estar cinco años con antecedentes penales, a los docentes se les ha impuesto una multa "y una elevada indemnización a la madre del alumno fallecido, a lo que hay que añadir las costas por valor cercano a los 25.000€ por profesor".
En este punto ha señalado Varo que desde UGT SP Enseñanza "llevamos mucho tiempo exigiendo a la Administración que dote de seguridad jurídica a los docentes en su labor diaria, pues no se entiende para qué sirven entonces todos los documentos que les obligan a firmar para exonerarlos de responsabilidad en determinadas situaciones, dejando sin efecto las autorizaciones firmadas por los tutores legales en las que se detalla el perfil de la actividad y, en su caso, los riesgos que conlleva."
De continuar como hasta ahora, aseguraba, "se producirá un daño a la educación en general, pues qué docente en su sano juicio se expondrá a partir de ahora a realizar una actividad extraescolar, sabiendo que pondrá en riesgo su carrera y su vida personal, pues si ocurre una desgracia, la administración lo dejará solo".
Sumando apoyos
Durante el día de ayer fueron varios los sindicatos que también se pronunciaron en este sentido. Hoy se une a la lista USTEA, desde donde trasladan sus más sinceras condolencias a la familia del menor por la terrible pérdida, "hecho que ha derivado en una sentencia condenatoria contra los dos docentes que acompañaban al alumnado en aquella actividad que, tal y como queda reflejado en la propia sentencia, estaba correctamente organizada". Desde este sindicato de Educación muestran "nuestro apoyo y solidaridad al compañero y compañera afectados por esta condena", poniendo de manifiesto la preocupación e inquietud que este hecho ha generado en el conjunto del colectivo docente de la comunidad andaluza. "Sin duda, esta condena supone la instauración en el profesorado andaluz de una sensación de inseguridad y vulnerabilidad jurídica que, lejos de ser ficticia, se ha materializado sobre las espaldas de dos docentes que se encontraban acompañando al alumnado durante una actividad perfectamente programada" argumentan. Añaden en su comunicado que "es innegable que estos hechos van a generar un efecto disuasorio entre los y las trabajadoras docentes que, con toda razón, desistirán de organizar este tipo de actividades ante la posibilidad de sufrir serias consecuencias en el caso de que se materialice en forma de accidente cualquiera de los riesgos inherentes e inevitables que en estos casos se pudieran producir". De esta forma, entienden que los efectos negativos de esta sentencia no se limitan al profesorado, sino que se extiende a un alumnado que verá mermada la calidad educativa si las necesarias actividades extraescolares se reducen ante la inseguridad que esta sentencia está generando en el profesorado.
Por todo ello, exigen a la administración educativa "que articule todo tipo de medidas encaminadas a otorgar mayor seguridad tanto al profesorado como al alumnado durante la realización de estas actividades, incluida la dotación de recursos que permitan reducir la probabilidad de que sucedan trágicos accidentes, ya que, entre otras cosas, el profesorado tiene que atender a un elevado número de alumnos y alumnas durante el desarrollo de las actividades que se realizan fuera del centro, fruto de la excesiva ratio profesorado-alumnado que hay establecida para estos casos". Además, creen necesarias medidas legislativas encaminadas a otorgar seguridad jurídica para que situaciones como las que están sufriendo estos dos docentes con su condena no vuelvan a suceder.
