La provincia de Córdoba registró en el año de la pandemia 346 desahucios, una media de casi un desalojo diario. El real decreto (ampliado hasta el 9 de agosto) emitido por el Gobierno central para evitar los desahucios por causas sobrevenidas por el covid o de colectivos vulnerables, supuso una reducción importante de los desalojos de alquiler, que descendieron un 55,7%, si bien los que estaban en trámite de ejecución hipotecaria antes de la pandemia siguieron su curso. Tras un primer parón provocado por el confinamiento y la parálisis judicial, los lanzamientos volvieron tras el verano, cuando se reanudó al cien por cien la actividad en los juzgados. De los 346 desahucios ejecutados en el 2020, un 25,5% menos que el año anterior, cuando hubo 465, 119 se concentraron entre octubre y diciembre, frente a los 97 de los dos trimestres anteriores. El resto se produjo de enero a marzo. Las ejecuciones hipotecarias experimentaron un frenazo importante en los meses del confinamiento, pese a lo cual el año se cerró con 289, 182 de ellas por viviendas, una cifra muy similar a las 193 del año anterior.
A partir de junio
A falta de datos oficiales sobre lo ocurrido en los primeros cinco meses del 2021, las entidades que trabajan en este ámbito esperan una «avalancha» de desahucios tanto de ejecuciones hipotecarias como de alquileres en el semestre que está por empezar. Las notificaciones están empezando a llegar. Según Rafael Cidres, presidente de Anfane, las administraciones no están haciendo nada para evitar los desalojos por hipotecas. «Las entidades financieras están vendiendo los préstamos a los fondos de inversión, que no están acogidos a los códigos de buenas prácticas ni a ningún real decreto del Gobierno, por lo que no tienen problema para proceder a la ejecución hipotecaria», señala.
Cuando una familia acumula deuda y se dispone a negociar con el banco estas medidas, «los bancos les dicen que ya no son poseedores del crédito porque lo han vendido en tal fecha y ya no pueden», explica, «y el siguiente paso es hablar con el fondo que dice que ellos no están acogidos y se desentienden del tema». Llama la atención, indica Cidres, que «los bancos estén vendiendo esas viviendas a bajo coste a los fondos sin ofrecerlas antes siquiera a sus propietarios, a los que les exigen el cobro total de la deuda en lugar de hacerles algún tipo de quita». La venta de los créditos por parte de los bancos se está haciendo, denuncia, «sin transparencia, ya que pese a estar adheridos al código de buenas prácticas no ofrecen esta posibilidad a los clientes y las venden por lotes a bajo coste sin que las familias tengan opción a adquirirlas antes». En esta tesitura, Anfane procede a elevar una reclamación en Atención al Cliente, a la que «en un 99% de los casos responden que no procede». En esta tesitura, «solo cabe elevar la reclamación al Banco de España». En este momento, solo Anfane está a la espera de 16 reclamaciones de este tipo, si bien el año pasado ya tramitaron algunas y «el Banco de España nos dio la razón, obligando a revertir la venta al fondo de inversión para aplicar a la familia el código de buenas prácticas».
Stop Desahucios coincide en que en este semestre y hasta el 2022 se producirá un aumento exponencial de los desalojos en Córdoba, ya que «a los lanzamientos suspendidos habrá que sumarles todos los derivados de los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados durante los últimos tres años y todos los derivados de impago de alquiler como efecto de la pandemia». Según Sandro Mora, activista de la plataforma, «la falta de respuestas concretas y efectivas por parte de las administraciones en materia de servicios sociales, ayudas directas y vivienda, no hace más que agravar la situación».
