Más de 5.500 cordobeses se verían beneficiados de la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que el Gobierno de España continúa negociando con la patronal. El tiempo sigue corriendo para ambas partes, tras la última negativa por parte de los agentes sociales a la propuesta que anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que planteaba una modificación de las condiciones.
De momento, no se ha definido el futuro de las personas que se encuentran en este procedimiento. En la provincia de Córdoba, en concreto, están incluidos 5.523 cordobeses, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social y correspondientes al último día del mes de abril. La fecha límite para llegar a un acuerdo es el 31 de mayo, hasta entonces tanto el Ejecutivo como la patronal pueden pulir las condiciones de este recurso.
El único pacto al que se ha llegado, de momento, es relativo al tiempo de renovación, fijado hasta el 30 de septiembre de este mismo año. Por lo demás, el Gobierno planteó modificar las ayudas para las empresas teniendo en cuenta si las entidades podían sacar a los empleados del erte o no y beneficiando a las que optaban por tomar la primera vía. Ante ello, los sindicatos se muestran en contra con firmeza. Tanto desde UGT Córdoba como desde CCOO Córdoba consideran que estos deberían permanecer inamovibles durante esta posible prórroga y seguir siendo la mejor opción para las empresas antes que un alternativo despido.
Pese a todo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero aseguró ayer que no tiene «ninguna duda» de que el acuerdo con los agentes sociales para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo hasta el 30 de septiembre llegaría en las próximas horas o durante estos días. Montero, además, anunció que antes del viernes el Gobierno celebraría un Consejo de Gobierno extraordinario para tratar el asunto y alcanzar definitivamente la extensión de estos.
Los ERTE en Córdoba
Los ertes entraron en vigor como medida de urgencia frente al impacto económico y social del coronavirus en España, a través del Real Decreto 18/2020, de 12 de mayo, en defensa del empleo. Desde entonces, han servido de soporte para que miles de cordobeses conservaran sus puestos de trabajo. El 2020 cerró en Córdoba con 47.500 personas en tal situación. Y, aunque resulta cierto que los números han ido disminuyendo, miles de trabajadores en la provincia siguen dependiendo de esta medida.
El primer mes del 2021 dejó en Córdoba a 9.325 empleados de diferentes empresas acogidos a este expediente de regulación temporal. Con el paso de los meses y la relajación en las restricciones, con aperturas de la movilidad y retrasos del toque de queda, las personas en erte han quedado, según los últimos datos, en 5.523. De estas, 2.869 eran hombres y 2.654 resultaron mujeres. Una mayoría de 3.497 se encontraban bajo esta condición de manera total, mientras que 2.025 estuvieron de forma parcial. Estos datos supusieron un descenso de 953 empleados respecto a marzo.
Esta tendencia se repitió en España, que bajó de los 600.000 trabajadores --la cifra más baja--, según datos publicados el 11 de mayo. Por su parte, Andalucía registró en abril 84.913 personas en erte. Desde UGT Córdoba, apuntan a que esa tendencia descendente se reflejará, de nuevo, en la estadística del mes de mayo. Esta vez, con el fin del estado de alarma como noticia más relevante.
Contra los cambios propuestos
Los sindicatos y la patronal mantienen con firmeza una postura contraria a la modificación de los ertes por parte del Gobierno, pero consideran necesario un acuerdo que los prorrogue. «Sería una lástima que ahora que estamos viendo la luz al final del túnel se prorroguen sin acuerdo», señala Jaime Sarmiento, secretario de Política Sindical de UGT Córdoba. Desde el sindicato apuestan por que se dejen «como están», porque «han sido una herramienta útil para frenar la destrucción de empleo y lo que funciona no debe tocarse».
Por su parte, CECO suscribe las palabras de CEOE al respecto del tema. En una de sus últimas intervenciones, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi señaló que la vacunación «va más tarde de lo previsto» y eso hará que en junio no se llegué al efecto rebaño y todavía «muchas empresas» no puedan abrir.
Desde UGT Córdoba justifican su desaprobación con que se premie que se saque a los trabajadores en erte, porque «es su obligación a medida que van recuperando la actividad». Y en la misma postura está CCOO Córdoba. «Valoramos positivamente una nueva ampliación, pero no a costa de cambiar las actuales condiciones», indica Aurelio Martín, secretario de Acción Sindical.
Por eso, desde UGT Córdoba defienden que «se mantenga el contador a cero en la prestación por desempleo hasta 2022», que se impida «despedir en los seis primeros meses después del erte», que se amplíen «exoneraciones» y que se mantenga «la cuantía de prestaciones». Y es que, para Córdoba, «que se nutre del sector servicios, los ertes han sido imprescindibles», recuerda Jaime Sarmiento.
