Casi 6.000 cordobeses se encuentran en lista de espera para empezar a disfrutar de la prestación de dependencia que ya les ha sido reconocida, una situación especialmente grave para los 2.214 grandes dependientes (grado III), que tienen reconocido el derecho pero no se les ha asignado el recurso correspondiente. La provincia de Córdoba cerró el mes de marzo del 2021 con 42.799 solicitantes de algún tipo de prestación de la ley de dependencia, 1.728 menos que en marzo del año pasado, de los cuales 30.263 tienen reconocido el derecho frente a otros 8.030 cuya solicitud ha sido denegada y 4.506 personas que están esperando la valoración que les diga si cumplen los requisitos para ser beneficiarios. De esos 30.263 cordobeses que tienen el derecho reconocido, un 81%, 24.491 personas, disfrutan actualmente del recurso correspondiente mientras otros 5.772 siguen a la espera. La Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de Córdoba señala que no tienen prestación aún porque están «a la espera de la elaboración del Plan Individualizado de Atención, que desarrollan los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Córdoba», ya que «el servicio de valoración de la Dependencia», que sí gestiona la Junta, «está resolviendo de forma ágil y prácticamente al día todas las propuestas que llegan de las corporaciones locales».
Según los datos correspondientes a marzo de este año, hay 2.214 grandes dependientes, 1.926 dependientes severos y 1.632 moderados a la espera de que se les asigne plaza de residencia, centro de día, ayuda a domicilio o una prestación económica familiar que mejore su calidad de vida. El 53,4% de las personas que solicitan una prestación de la ley de dependencia tiene más de 80 años y el 46% de los grandes dependientes también tienen esa edad. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destaca que pese a la pandemia, hay ahora 37 usuarios más en las residencias de la provincia que en marzo del año pasado y que se ha reforzado el servicio en Córdoba con 26 nuevas plazas, 20 para mayores y 6 para personas con discapacidad.
Respecto a los centros de día, la presidenta de la asociación Acued, Antonia Gutiérrez, asegura que las unidades están «al 40% de ocupación, con muchas plazas vacías porque no mandan a usuarios nuevos». Gutiérrez asegura que la demanda de las familias existe «porque las plazas privadas, pese al coste que tienen, están ocupadas», aunque considera que hay desinformación en los trabajadores sociales «que no asignan este recurso a las personas dependientes». También se queja de la lentitud a la hora de asignar usuarios a las plazas residenciales. En Fepamic, por ejemplo, hay 23 plazas de residencia libres y 56 en los distintos centros de día donde, según fuentes de la fundación que atiende a personas con discapacidad «los plazos para ocupar las plazas pueden eternizarse, superando uno y dos años desde que se solicita la plaza».
En este momento, hay 1.232 usuarios del servicio, 143 menos que el año pasado, algo que se debe, según la Junta, a «la situación derivada de la pandemia por el temor de las familias, que optan por otro recurso». Ante esto, la Consejería ha puesto en marcha un nuevo plan de impulso «con el objetivo de recuperar un servicio que ha sido fundamental para las personas dependientes antes de la pandemia». En este sentido, señalan, «se va a dar prioridad a las propuestas del Programa Individual de Atención orientadas a centro de día, así como la tramitación de los que tienen ya el servicio de forma privada y esperan la plaza concertada. Esta iniciativa se acompañará, indican, «de una campaña informativa de estos servicios para favorecer la vuelta de las personas usuarias a sus instalaciones y, de esta forma, mejorar su calidad de vida».
