Córdoba tenía en julio del 2020 un total de 44.003 trabajadores públicos, 1.767 menos que en julio del año anterior, cuando la cifra llegaba a 45.770. Esta caída, que puede parecer puntual, refleja una fluctuación constante de las cifras y si se hace la media anual (teniendo en cuenta los datos de enero y julio, cuando se aportan cifras), se percibe que el del 2020 es el descenso más acusado en un lustro. Desde 2016, las bajadas y subidas han sido persistentes y mientras el año pasado la pérdida de masa laboral pública fue de un 2% ha habido años con subidas por encima de ese porcentaje (como 2018, con un 2,2% más).
Los datos proceden del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y dentro de ese global se enmarcan tanto funcionarios de carrera, como personal laboral o interinos.
Son las administraciones autonómicas las que cosechan mayor número de funcionarios y trabajadores públicos. La razón es sencilla, tienen delegadas las competencias en materias como educación y sanidad, que acumulan grandes masas de personal. Según el citado boletín, de los 44.003 funcionarios contabilizados en la provincia en julio del año pasado, 26.128 estaban contratados por la Junta de Andalucía. El siguiente más numeroso es el de los empleados en las administraciones locales (ayuntamientos y Diputación), pero ya en valores mucho más bajos que los autonómicos. En este caso, eran 9.780 trabajadores públicos los que había en administraciones locales en Córdoba, mientras que el resto, 8.025, eran funcionarios del Estado (los más numerosos, los agentes de la Policía Nacional, aunque también se incluyen militares y personal de ministerios y agencias).
¿Y por qué se registra ese descenso en el número de trabajadores públicos? La razón hay que buscarla en los trabajadores empleados en los ayuntamientos de la provincia. Y es que es la administración local la que contribuyó a esa caída del funcionariado, teniendo en cuenta que tanto la Junta como el Estado sumaron contratos en julio del 2020. Mientras el gobierno autonómico ganó un 2,29% de masa salarial el año pasado, y el Estado un 0,34%, la administración local perdió más de un 19% de sus trabajadores. Las causas podrían ser muchas, pero lo cierto es que la clave está en que no se cubren las jubilaciones. En el caso de Córdoba capital, por ejemplo, los problemas de personal es algo que se viene arrastrando desde hace años. Faltan trabajadores casi en todas las áreas, algo que los sindicatos denuncian una y otra vez.
Más mujeres que hombres
Y esa masa funcionarial está compuesta, en Córdoba, por más mujeres que hombres. De nuevo son las plazas generadas por la Junta de Andalucía las que inclinan la balanza hacia este hecho, ya que tanto a nivel de contratación estatal como local, el número de hombres es bastante más numeroso.
El 53,7% de la masa laboral pública de Córdoba está formada por mujeres, un total de 23.622 trabajadoras. La gran mayoría, casi el 73% de ellas, son trabajadoras de la Junta (hay mucha presencia femenina en labores docentes y sanitarias, por ejemplo). Sin embargo, esa presencia es mucho menor en el caso de funcionarios del Estado, ya que de los poco más de 8.000 trabajadores en esta administración, casi 6.300 hombres por 1.745 mujeres (aquí entra en juego el gran peso masculino dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas). En el caso de los ayuntamientos, la diferencia no es tan notable. De las 9.780 personas que trabajan en Córdoba en la administración local, 5.110 son hombres y 4.670 mujeres.
Trabajadores del Estado
El boletín del Ministerio de Función Pública también permite conocer en que sectores se emplean los trabajadores que dependen del Estado. Son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional los que acumulan la mayor parte de los trabajadores públicos de Córdoba pagados por el Estado. De esos 8.025 empleados públicos, 5.248 (más del 65%) son policías o militares. Otros 2.589 trabajan en labores administrativas (por ejemplo, 992 están empleados en labores relacionadas con los ministerios y 156 están en agencias estatales, como pueden ser la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia Estatal de Investigación o el CSIC) y otros 188 en justicia (la Junta tiene transferidas las competencias en esta materia, de ahí que sea una cifra tan poco significativa).
Personal de la universidad
En cuanto a los trabajadores que se emplean en la Universidad de Córdoba (UCO), según el citado documento, en julio del 2020 trabajaban en la institución académica 1.943 personas, lo que supone un ligero aumento de un 0,62% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior.
De esos casi 2.000 empleados en la universidad, la mayoría era personal docente e investigador (lo que se conoce con las siglas PDI), hasta 1.357, por 586 que componen el PAS (personal de administración y servicios). Dentro de estas categorías, en el caso del PDI se dividen entre 669 funcionarios de carrera y 688 de personal laboral; y en el PAS son 290 funcionarios, 127 de personal laboral y cinco restantes que la estadística define como «otros». Cabe recordar que personal laboral y funcionario no es lo mismo. La diferencia más básica reside en que un funcionario tiene una plaza fija que es complicadísimo que pueda perderla, mientras que el personal laboral trabaja bajo un contrato que puede extinguirse y es mucho más sencillo que pueda ser despedido.
