El 40% de las empresas de turismo activo en Córdoba permanecen fuera del Registro de Turismo de Andalucía por no estar incluidas en la regulación autonómica (decreto 20/2002, de 29 de enero), como han matizado desde el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT). Cerca de un 15% de las entidades que ofrecen servicios en la provincia, según las mismas fuentes, son clandestinas, es decir, que desarrollan su actividad al margen de la ley y, por tanto, suponen un riesgo para los usuarios, una competencia desleal y un eslabón de la economía sumergida.
Estas últimas entidades, además, se exponen a una sanción de 2.000 euros y, según dichas fuentes, ese porcentaje suelen componerlo organizaciones pequeñas, con pocos días de trabajo al año. Según explican desde el CAPT, las cifras han disminuido en los últimos años y se mantiene la confianza en que lo sigan haciendo.
Hasta 100 empresas cordobesas aprovechan los escenarios naturales cercanos para ofrecer un amplio abanico de actividades. El problema se encuentra en que 40 de ellas ofrecen actividades que no están reguladas, como pueden ser la tirolina o el paintball, según revela una tesis publicada hace un mes por el profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), Francisco Molina, sobre la oferta empresarial. Eso no implica, sin embargo, que se rijan por la ilegalidad, sino que no tienen la obligatoriedad. Este informe pone de manifiesto la falta de regulación en el subsector.
Así se ha debatido este miércoles en el 5º encuentro sectorial Turismo, Universidad y Empresa, en el que han estado representadas la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UCO (OTRI), el CAPT, la Diputación de Córdoba, el Patronato Provincial de Turismo y la asociación Andalucía Eco-Activa. Entre los representantes, se encuentran Manuel Rivera, director del CAPT y profesor de la UCO; Inmaculada Silas, delegada de Turismo en la Diputación de Córdoba; Antonio Sarsa, director de Investigación de la UCO; o Javier Sánchez, delegado de Turismo Activo de Córdoba en Andalucía Eco-Activa.
Un sector resistente
Las bajas en este subsector a causa de la crisis generada por el coronavirus se pueden contar con «los dedos de la mano», ha asegurado Rivera. Queriendo alabar la resistencia de un área económica que combina, además, varios factores que le otorgan un valor especial. Su relevancia se halla, entre otras cosas, en la capacidad para revitalizar entornos rurales y fomentar otras áreas, como el turismo gastronómico. Por ello, la delegada Inmaculada Silas ha animado a los emprendedores a explotar ese potencial del que dispone la zona.
Las actividades ofrecidas en la provincia conquistan, en su mayoría, a un público nacional (57%). El resto de usuarios proceden de diferentes partes de Andalucía (18%) y de la provincia (16%). También vienen extranjeros (7%). El público que más se resiste resulta el más cercano. Los clientes locales apenas alcanzan el 2%. Pero, aunque mueva más de 2,1 millones de euros en Córdoba -según los últimos datos, correspondientes al 2016-, para Manuel Rivera se trata del subsector «menos conocido» y «peor tratado».
En su tesis sobre la oferta empresarial en la provincia, Francisco Molina concluye que la realidad dibuja «un tejido productivo y empresarial muy atomizado». A lo que se suma una escasa vertebración y estructuración de, en su mayoría Pymes, que requieren «innovaciones en materia de introducción de nuevas tecnologías de comunicación, marketing, comercialización y organización empresarial». Hasta el 68%de las entidades funciona mediante una gestión concentrada-integrada, uniéndose a una asociación para cubrir las necesidades surgidas por la demanda. Solo el 27% trabaja de forma aislada. Y una minoría del 5% permanece en una asociación que no opera en su región.
Carencia de regulación
Siguiendo el informe de Molina, se observa un panorama provincial altamente «concentrado» y cuya distribución depende, en gran medida, de la cercanía con la oferta. La Administración, como concluye, no juega a favor del subsector. Según el profesor de la UCO, se carece de un conocimiento exacto del alcance de este área económica por las dificultades que residen en la ordenación y en la planificación de las actividades desarrolladas.
Y esa falta de regulación hace que hasta el 32% de las entidades cuestionen los vacíos legales existentes actualmente. Otro 39%, sin embargo, opina que las condiciones de las autoridades resultan demasiado exigentes. Mientras que, por otro lado, un 30% manifiesta que hay actividades no reguladas, aunque sí hay un correcto control en todo lo que se refiere a derechos de los usuarios y protección de la naturaleza.
