La plataforma Stop Desahucios se ha concentrado esta mañana en la puerta de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba para urgir al Gobierno de España a aprobar una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y acabe con los desahucios de familias que no tienen alternativa habitacional en un momento en que la crisis social se ha agravado a raíz de la pandemia.
La portavoz de la plataforma, Nuria Torres, ha reclamado junto a unas 200 personas que el Gobierno regule los alquileres, algo que está siendo motivo de escollo en este momento entre PSOE y Unidas Podemos, pero también otras medidas que no están sobre la mesa como "que se amplíe el parque público de viviendas de alquiler social para evitar que caigan en el desahucio aquellas familias que no tienen alternativa habitacional", y que se exija a la banca y a los grandes tenedores que ofrezcan alquileres sociales estables. Según Torres, "es necesario que el Gobierno establezca en una ley una vía para garantizar los suministros básicos y que se reconozca el derecho a la dación en pago y a una segunda oportunidad en los hogares que tienen deudas hipotecarias".
Para Stop Desahucios, el debate sobre la futura ley de la vivienda no debe ceñirse solo a la regulación de los alquileres, como está ocurriendo, sino que debe abarcar todo un abanico de medidas que permitan garantizar como derecho subjetivo una vivienda digna y evitar que nadie se vea obligado a vivir en la calle.
Varios jóvenes han ofrecido durante la concentración su testimonio mostrando las dificultades que tienen a la hora de emanciparse con empleos precarios y contrataciones eventuales. Raquel tiene 28 años y cobra 800 euros al mes. "Mi alquiler son 400 euros más gastos, así que he tenido que alquilar una habitación porque no puedo vivir de forma independiente con el sueldo que gano". A su lado, otro joven ha explicado que su sueldo es de menos de 900 euros al mes y tiene un contrato que se renueva anualmente por lo que no puede hacer planes a largo plazo.
También ha expuesto su situación familiar Rosario Buendía, que vive con su marido y su hijo en la que fue su vivienda, un piso que pasó a ser del banco cuando no pudo hacer frente a una deuda y posteriormente fue revendido a un fondo buitre. Ahora está pendiente de desahucio y, según su relato, siendo víctima del acoso de este fondo con llamadas, amenazas... para que deje su casa porque han vendido el piso a un inmobiliaria. "Yo avalé a un familiar directo para una empresa, pero con la crisis del 2008, la empresa se vino abajo y yo me tuve que hacer cargo del préstamo, 600 euros mensuales que seguí pagando tres años y medio hasta que no pude más", explica. Actualmente, todos los miembros de la familia están en paro y no tienen alternativa habitacional. "Estamos en lista de espera para un alquiler social, pero el fondo buitre no está dispuesto a ofrecernos esta opción y tampoco hay viviendas públicas disponibles", comenta, "puedes estar años sin que te llamen, el ingreso mínimo vital no llega y estamos sobreviviendo con ayuda del vecindario".
