La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres se ha concentrado en la tarde de hoy en la Ciudad de la Justicia para reivindicar "el fin de la justicia patriarcal", la formación urgente en materia de género e igualdad para profesionales del ámbito jurídico y para recordar a las víctimas de casos judiciales como el de La Manada de Pamplona, que "siguen sucediendo y merecen atención urgente".

Sosteniendo una gran pancarta donde se leía "Los derechos de las mujeres son derechos humanos", Dulcenombre Rodríguez, cofundadora de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, ha hecho un llamamiento a "estar por encima" de la deslegitimación política que está viviendo la lucha contra la violencia machista y ha constatado que reivindicaciones como la que hoy se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia "es la forma que tenemos de luchar por nuestros derechos; y lo hacemos colectivamente".

Así, antes de adentrarse en una disertación sobre la justicia patriarcal, Rodríguez no quiso olvidarse de cómo la recesión económica provocada por el covid-19 ha afectado especialmente a las mujeres trabajadoras, migrantes, en riesgo de exclusión social y a las que, desgraciadamente, ya están en riesgo de caer en "la pobreza extrema". Además, insiste en que durante estos meses los cuidados han recaído en las mujeres y que la violencia en el hogar se ha agravado dado que las víctimas "han tenido que convivir con sus maltratadores, en ocasiones, hasta 24 horas al día". En el 2020, fueron 45 las mujeres asesinadas por violencia machista y en lo que va de 2021, ya han sido dos las víctimas mortales. "La violencia machista ha sido la pandemia en la sombra", sentencia.

El motivo concreto de concentrarse en la Ciudad de la Justicia ha sido denunciar los discursos negacionistas y las resoluciones judiciales que han sido "penetradas" por el machismo y los estereotipos de género, dejando en "mucho casos desprotegidas" a las víctimas. Recuerda, así, procesos como el que la asociación Clara Campoamor denunció en 2016 ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la titular del juzgado de violencia de género de Vitoria, la magistrada María del Carmen Molina Mansilla por preguntarle a la víctima de una violación durante el juicio que si "cerró bien las piernas para evitar la violación". Como este, han sido varios los casos que han resonado hoy en el recuerdo de las mujeres que se han concentrado. Así Rodríguez ha querido aclarar que "las leyes son las adecuadas, pero son interpretadas por personas que no tienen formación en violencia de género" y ha urgido un cambio estructural en el sistema político y judicial que garantice unos "procesos más justos, cambios educativos, el fin al adoctrinamiento de género y la laicidad en los colegios y las instituciones".

Por su parte, Ana Palacios, de Córdoba Acoge, ha querido poner el foco en las mujeres migrantes. "Nos encontramos a diario con mujeres, cabezas de familia, en situación irregular que intentan acceder al mercado laboral y encuentran las puertas cerradas al mercado reglado, arriesgándose a acceder a trabajos donde no se garantizan sus derechos como trabajadoras", ha expresado. Para Palacios esta situación se convierte en "la pescadilla que se muerde la cola; si no hay contrato no hay papeles, si no hay papeles, no hay contrato". Esta sería "la sinrazón de la legislación que aplican cada día jueces en España", ha dicho adentrándose en la idea de que "la violencia institucional es un tipo de violencia que sufren cada día mujeres migrantes en Córdoba, haciéndolas más vulnerables a todas las violencias de género". Además, ha querido denunciar públicamente, "la desprotección que sufren por parte de la Justicia española cientos de niñas menores llegadas a las costas españolas, tanto por frontera sur como por Canarias a las que se les vulneran los derechos reiteradamente; por ejemplo, al ser consideradas adultas por no realizarle la prueba de determinación de la edad y al estar sometidas a la ineficacia e ineptitud de los procesos judiciales en este sentido". Por todo ello, Palacios ha señalado, que se estarían convirtiendo en "víctimas o potenciales víctimas de trata de personas".

A estas reivindicaciones también ha querido sumarse la Asociación Vecinal Arroyo del Moro que, a través de Ana Muñoz, han demandado un "verdadero cambio en la justicia, siendo este imprescindible para atender a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres".