La semana pasada fue un estudiante de la ESO; la anterior, una mujer de mediana edad. Cada cierto tiempo llegan noticias de suicidios en Córdoba cuyas circunstancias se desconocen y que van dejando un rastro silencioso de una realidad marcada por el estigma social. Aunque hay instrucciones del Ministerio de Sanidad recomendando informar sobre este problema de salud pública, ni las autoridades ni los medios sacan a la luz esos casos, que pasan a engrosar una estadística de magnitud desconocida aunque, off the record, los profesionales que están en contacto con estas muertes aseguran que el número de atenciones relacionadas con el suicidio es alarmante. Y eso que muertes como las de mayores encontrados solos en sus domicilios pueden esconder más suicidios que no se registran como tal. Oficialmente, ni el 112, ni la Policía, ni Salud aportan información al respecto. La Policía Local, según fuentes municipales, ni siquiera contabiliza los suicidios a los que acuden en la ciudad. Los únicos datos contrastables son los que aporta el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, encargado de realizar las autopsias, cuando esta se produce, y deriva la información al INE, que los hace públicos cada dos años. En el 2018, el Instituto de Medicina Legal certificó 58 suicidios en la provincia de Córdoba. Ese es el último dato publicado por el INE. Sin embargo, la realidad ha cambiado sustancialmente desde entonces.
Según la información facilitada por la Consejería de Justicia, en el 2019 se registraron en la provincia 80 suicidios, un 38% más que el año anterior. Y en lo que va del 2020, se han certificado ya 58, con un mes de julio especialmente dramático, con 11 decesos por esta causa, una cifra que supone casi un 15% más que los que se contabilizaron el año pasado en el mismo periodo. El impacto en la salud psíquica del confinamiento y de la incertidumbre derivada de la pandemia está por ver, pero uno de sus efectos puede ser el aumento de los suicidios si no se ponen en marcha medidas de prevención, advierten los expertos.
Según David Sánchez Teruel, profesor del departamento de Psicología de la UCO y coautor de varias investigaciones sobre el suicidio, los adolescentes y jóvenes son en este momento población de alto riesgo «por los cambios psicosociales a los que están expuestos de forma general» y porque el confinamiento «ha potenciado sus vulnerabilidades». En su opinión, «durante la pandemia estamos hablando solo del virus, de la salud física, pero no de la modificación de comportamientos asociados que suponen un cataclismo entre los más jóvenes, muy afectados por el aislamiento social antes y después del confinamiento». Acostumbrados a relacionarse, «se vieron privados de forma radical de ese contacto con sus iguales, lo que ha generado trastornos de conducta, ansiedad y depresión en muchos de ellos, algunos aún en estado latente».
Para Sánchez-Teruel, «no se está prestando atención a las personas con factores de riesgo previo, pese a que durante el confinamiento entidades como la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y la Sociedad Española de Suicidología ya alertaron de que una reclusión prolongada podría aumentar el riesgo de suicidio. Un estudio elaborado por Sánchez-Teruel, Robles-Bello y Camacho Conde, señala que «existe una necesidad urgente de diseñar protocolos de atención sanitaria específicos para prevenir el suicidio, que ayuden a los profesionales de la salud a realizar detecciones precoces, utilizando preguntas directas sobre la intención suicida, que permitan la detección rápida de cualquier otro factor asociado con un mayor riesgo de suicidio. Dicho estudio revela que «los adolescentes y jóvenes que se autolesionan, después de recibir tratamiento de sus heridas corporales, son dados de alta, sin que se les ofrezca atención específica de salud mental, y mucho menos un tratamiento de seguimiento», pese a que las personas con antecedentes de autolesión «conforman un grupo bien definido de alto riesgo de suicidio y necesitan tratamiento inmediato después de cada episodio».
Señales de alarma en los casos de adolescentes
Según la OMS, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes. La Fundación ANAR recomienda estar atentos en la población adolescente a cambios de conducta y de carácter repentino, mayor agresividad e impulsividad, problemas de rendimiento, tristeza, aislamiento social y comentarios o verbalizaciones negativas del adolescente sobre sí mismo, su vida o su futuro porque pueden ser señales ante las que se recomienda prestarles siempre atención y dejar que se expresen, enseñándoles a expresar sus problemas e intentando dar una respuesta empática e intentar que esté acompañado el mayor tiempo posible.
Teléfonos a los que acudir para pedir ayuda son el teléfono de ANAR de ayuda a niños y adolescentes (900 202010), el de ayuda a adultos y familia (600 515152). El teléfono de la esperanza en Córdoba es el 957 470195.
La prevención y sus efectos
Entre el 2008 y el 2018, la última década con datos publicados por el INE sobre suicidio, murieron por lesiones autoinflingidas en España 38.932 personas, una media de unas 3.500 por año, de los cuales 9.208 fallecieron en Andalucía, la comunidad más poblada. El número de víctimas mortales de esta lacra, de la que no se habla habitualmente, no ha variado en todos esos años, con picos anuales de casi 4.000 muertos, 11 personas diarias.
Si observamos la estadística de accidentes de tráfico, la evolución es muy diferente. En el 2008 murieron en las carreteras españolas 3.030 personas. Diez años más tarde y gracias a una inversión importante en campañas de prevención, el número de muertes por accidente de tráfico fue de 1.896. La tendencia se repite en Andalucía. De 565 muertos en las carreteras en 2008 a 265 en el 2018. En otros ámbitos como la violencia machista, cuyas víctimas mortales se contabilizan desde el 2003, los efectos de la prevención no son tan claros, pero también se evidencian, en la medida en que en los primeros años, la cifra de muertes anuales superó los 70 casos (en 2006, 76) mientras hace tres años que la media de víctimas mortales es de 50 mujeres asesinadas al año.
Hablar de números en estos temas puede resultar macabro, pero es la única forma de ver el impacto de las medidas adoptadas. En cualquier caso, ni siquiera cuando los números se mantienen tozudos, se plantea dejar de invertir en prevención para doblegar la curva de muertes. Nada de eso ocurre con los suicidios. En España, los últimos datos del INE muestran que en el 2018, 268 adolescentes y jóvenes (203 hombres y 65 mujeres) entre 15 y 29 años se suicidaron, una cifra que los autores del estudio titulado Self-inflicted injuries in adolescents and young adults: A longitudinal approach de Sánchez-Teruel, Robles-Bello y Camacho-Conde (2020) recuerdan para reclamar actuaciones urgentes. «Los protocolos de prevención del suicidio deben adaptarse a las características psicosociales de cada grupo de riesgo, y las acciones especializadas de alerta de salud pública para adolescentes y adultos jóvenes con un perfil asociado con un alto riesgo de suicidio deben ser mejoradas en nuestro país, porque su salud mental importa para poder salvar vidas», sentencian.
