Hace unos días, el sindicato UGT alertaba del «colapso» del sistema de dependencia en Córdoba y provincia, una situación que se ha vuelto a confirmar por los boletines mensuales que publica el Imserso sobre las cifras de beneficiarios y prestaciones que se dan en las distintas comunidades autónomas y que reflejan cómo la lista de espera de usuarios en Andalucía, lejos de reducirse, ha aumentado en mil personas en los últimos tres meses, pasando de 75.097 usuarios potenciales con derecho reconocido pero sin prestación a finales de diciembre del 2018, a 76.038 al cierre de marzo del 2019.
En Córdoba, la evolución en el primer trimestre del año, periodo que coincide con la llegada al poder del nuevo gobierno del PP y C’s a la Junta de Andalucía. De 28.868 beneficiarios con derecho a prestación en diciembre del año pasado y 22.248 personas atendidas de forma efectiva con algún recurso, se ha pasado en marzo de este año a 28.766 beneficiarios con derecho reconocido, un centenar menos, y 22.053 personas disfrutando de la prestación correspondiente, casi 200 menos que tres meses antes.
LISTA DE ESPERA/ El resultado es que el mes de marzo se cerró en la provincia de Córdoba con 6.713 personas en lista de espera, un centenar más que en diciembre del año pasado, cuando el gobierno anterior se fue. En cuanto al ritmo de emisión de resoluciones, la cifra ha caído también, ya que en diciembre había 37.648 emitidas y en marzo, 37.454, sin que esa reducción se haya visto reflejada en el número de personas atendidas, que ha descendido en el primer trimestre. Además, hay 4.500 personas que han presentado solicitud pero aún están pendientes de que les llamen para iniciar el proceso.
Entre los beneficiarios acogidos ya por el sistema, según datos del Imserso, en este momento hay 9.508 personas de grado III, 12.070 de grado II y 7.188 de grado I. En diciembre del año pasado, había 9.547 usuarios de grado III, 12.042 de grado II y 7.279 de grado I.
En cuanto a las prestaciones concedidas en Andalucía, ha descendido el número de personas que cuentan con una prestación económica por cuidados familiares, la cifra de atendidos en residencias, en centros de día y noche, ayuda a domicilio y teleasistencia. En Córdoba, el descenso más acusado se da en teleasistencia y en ayuda a domicilio mientras el resto de prestaciones se mantiene más o menos estable.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, al frente de la cual se encuentra Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha anunciado de forma reiterada la puesta en marcha de un plan de choque urgente para resolver la situación que encontraron a la salida del gobierno anterior. Dicho plan tiene una dotación de 77 millones de euros, con los que esperan sacar de las listas de espera a 109.470 personas con distintas medidas progresivas. A primera vista, el presupuesto parece escaso, teniendo en cuenta que con esa cantidad cabría invertir apenas 59 euros mensuales por persona en lista de espera. Si la urgencia se reduce a la mitad de los que esperan, entonces la inversión ascendería a 117 euros al mes por beneficiario, una cantidad que ni siquiera alcanza para las prestaciones que se asignan a los cuidadores familiares, que rondan los 400-500 euros al mes, mucho menos el coste de una residencia o un centro de día.
Según el Ejecutivo, que ya ha cumplido los primeros 100 días de gobierno, su intención es «priorizar la incorporación al sistema de los más de 31.500 menores de 18 años y mayores de 80 que están en lista de espera, muchos de ellos valorados como grandes dependientes e incluso algunos aún sin valorar».
