El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) considera que alargar el plazo del contrato de tres a cinco años va «en perjuicio del inquilino». León considera que el dueño de la vivienda tendrá «menos intención de alquilar» al no poder disponer de ella en más tiempo, lo que repercutirá negativamente en la cartera de inmuebles y en la imposición de condiciones más duras al inquilino. Tampoco cree que la nueva norma tenga efectos positivos en los precios. «Bajada de precios no va a haber en Córdoba», señala. A su juicio, los problemas en los alquileres se arrastran desde hace tiempo «y nadie coge el toro por los cuernos», ya que hace falta una «política ordenada única de vivienda» y no cambios puntuales. León ve partes «difusas» en esta normativa. Además, cree que los continuos cambios en función de quien gobierne repercuten en que no haya «una política ordenada de vivienda».
León destaca otras novedades como la eliminación del pago del IBI por los inquilinos en viviendas públicas y del impuesto de actos jurídicos documentados al depositar la fianza.
