Los centros de protección de menores parecen haber perdido su razón de ser. Diseñados para alojar a los niños a los que la Junta de Andalucía retira la tutela a sus padres tras detectar malos tratos, abusos o incapacidad de algún tipo por parte de los tutores para hacerse cargo de ellos, la llegada creciente de menores extranjeros no acompañados (en el argot, menas) los ha acabado por convertir en albergues de jóvenes transeúntes. Desde hace meses, la Consejería de Políticas Sociales no facilita información sobre menores y son los sindicatos los que están dando la voz de alarma.

Según los datos facilitados por CCOO y UGT, este verano la situación «se ha desbordado» y los centros han llegado a duplicar su capacidad, pasando de 25 niños a alojar a más de 50, lo que ha obligado a «inhabilitar todas las salas, de ordenadores, de estudio... para llenarlas de colchones». Pasado el verano, los tres centros de Córdoba están al límite de su capacidad, con 25, 25 y 29 menores cada uno de ellos. En el centro Juan de Mairena, salvo dos niños, todos son menas. En el Lucano, de 25 menores de 10 a 17 años, 17 son extranjeros. En el Beatriz Enríquez, según la información facilitada, hay 29 niños ,de los que solo 4 son menas, pero hay 14 con discapacidad que lógicamente deberían recibir una atención más personalizada. El número cambia muy a menudo. «Un día hay dos niños menos y al día siguiente nos llaman porque viene una autobús y hay que meterlos donde sea», explican desde CCOO, «no son formas ni para los menores que vienen ni para los que están aquí, ni tampoco para los trabajadores de los centros».

La situación que describen los sindicatos es caótica, ya que en los centros conviven menores con problemas de conducta, con problemas de adicción y/o consumo de tóxicos junto a niños con discapacidad, con enfermedad mental o víctimas de maltrato o de acoso. «Por no saber, no sabemos muchas veces ni si son menores», explica una trabajadora, que, como el resto, se comunica a duras con los chavales extranjeros, ya que no existe un intérprete que conviva con ellos a diario. Para determinar la edad de los que llegan, se requiere una prueba ósea que se realiza a posteriori y que suele tardar; mientras tanto, permanecen en los centros de protección. Si el resultado es que tienen más de 18 años, se van a la calle, ese es el procedimiento. A eso se suma la falta de un protocolo sanitario, una de las principales exigencias de CCOO. «Es urgente que se ponga en marcha un protocolo previo a su llegada a los centros para que sepamos si tienen alguna enfermedad y tomar las medidas necesarias», explican, «ha habido casos de sarna y muchos dan positivo en tuberculosis, pero hasta que no se les da el número de la Seguridad Social no se pueden iniciar las analíticas ni nada». También se quejan de la falta de vigilantes de seguridad en los centros. «No hay nada, ni siquiera por la noche, pese a que ha habido días en los que el centro está a rebosar y se nos han dado situaciones complicadas», explican. El abordaje educativo o social de estos menores tampoco se está produciendo, explican desde UGT. «No se puede hacer nada más que ir a lo básico porque no hay medios ni personal suficiente», insisten, «ni a los menas ni a los menores de protección». Al parecer, los centros han salido adelante en verano con los sustitutos que cubren las vacantes de vacaciones. «Se ha sobreexplotado al personal, haciendo refuerzo de turnos, aprovechando que no son de plantilla y saben que no se pueden quejar, pero eso es inhumano». Por eso reclaman «un plan de choque».