El Congreso de los Diputados ha aprobado una resolución, publicada el lunes en el BOE, por la que se insta a una serie de ayuntamientos españoles, entre ellos el de Córdoba, a que dé uso a edificios e instalaciones que se construyeron o se adaptaron en el 2010 y el 2011 con fondos anticrisis y que desde entonces están cerrados. En el caso de Córdoba, se cita expresamente a la parte reahabilitada de la antigua Prisión Provincial, en el barrio de Fátima, que se adaptó con un presupuesto de 768.000 euros, pero que desde el 3 de marzo del 2011, cuando acabaron las obras, permanece cerrada y siendo objeto de continuos saqueos, como han venido denunciando los vecinos (particularmente la AV Amanecer de Fátima, incluso con manifestaciones) y la oposición municipal.
La resolución llega de manos de un informe del Tribunal de Cuentas, que tras fiscalizar las obras que se hicieron con los fondos estatales en aquel tiempo, denunciaba el derroche que supone mantener edificios y espacios sin utilizar. La obra en la prisión se hizo para adaptarla como centro cívico complementario al de Carlos III.
Por otro lado, la AV Amanecer de Fátima continúa a la espera de que el gobierno local, como se le prometió hace ocho meses, use una partida de 200.000 euros para reabrir de una vez el edificio. El pasado mes de septiembre, el gobierno local confiaba en abrir el inmueble "en el primer trimestre del próximo año", dijo el teniente de alcalde Miguel Angel Torrico.
