Los vecinos del distrito Norte apoyan al funcionario acusado

Los colectivos del consejo de distrito Norte han hecho llegar a través del presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Luis Martín Luna, su solidaridad al jefe de la Unidad de Patrimonio, denunciado por los Maristas ante el juez por un supuesto delito de prevaricación por afirmar (como tradicionalmente conoce la ciudad y recoge una ordenanza de 1984) que el camino de acceso a La Palomera, en el entorno del Castillo Maimón, es de uso público.

Según informa el presidente del consejo de distrito, Juan Gregorio Ramírez, éste órgano ciudadano llevará a su reunión del día 13 una declaración expresa de apoyo al funcionario, además de estudiar protestas por lo que considera "un ataque a la parte más débil" en este conflicto y una acción "contra un servidor público" justo por cumplir con su labor de "defender al ciudadano y a la ciudad".

El conflicto se remonta a hace años cuando los Maristas, dueños desde 1946 del Castillo Maimón, impulsaron un plan especial que legalizaría el carácter hotelero de las instalaciones (ahora solo de tipo religioso), plan que se condicionó a que se reconozca expresamente que el camino es de uso público y se proteja como tal.

La respuesta de los servicios jurídicos de la Provincia Mediterránea de los Maristas ha sido ir contra el funcionario por la vía penal (no ha planteado un contencioso-administrativo ni la vía civil) presentando en el juzgado número 6 de Córdoba una querella contra la GMU y el jefe de la Oficina de Patrimonio por supuestos delitos de prevaricación (tomar una decisión ilegal a sabiendas y de forma continuada) y falsedad en documento público. Así, el día 27 de febrero el funcionario declarará ante el juez. Otros colectivos como la plataforma A Desalambrar también han mostrado su "indignación" por la acusación al funcionario y su apoyo expreso e incondicional al trabajador de la Gerencia de Urbanismo.