La crisis interna de Unión Cordobesa (UCOR) en el grupo municipal y de la Diputación parece lejos de amainar, más aún después de que uno de los dos concejales expedientados por el partido, Carlos Baquerín, número 2 de la formación, haya solicitado formalmente a la Secretaría General del Pleno que investigue a sus compañeros del grupo por si sus manifestaciones pudieran ser "intimidatorias y coactivas" contra el alcalde, el secretario, el propio Pleno y los grupos municipales, pudiendo ser constitutivas de "delito, falta o infracción administrativa".
En otro ámbito, el de la Diputación, y a la espera de que su presidenta, María Luisa Ceballos, decida si releva de la portavocía de UCOR a Carlos Baquerín a favor del empresario Rafael Gómez, como ha solicitado el propio presidente del partido, compañeros del partido han denunciado las "presiones" que Baquerín está ejerciendo sobre el personal de confianza del grupo de la Diputación, con iniciativas para destituir a las dos trabajadoras por diferentes motivos, habiendo pedido incluso un sustituto concreto para una de ellas.
