El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Gobernación y Justicia a licitar la construcción, conservación y explotación de la ciudad de la Justicia de Córdoba, que se realizará mediante colaboración público-privada.
A través de esta fórmula, la Junta de Andalucía otorgará a una empresa privada el derecho de superficie sobre una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro, en la que la compañía se encargará de construir y explotar el edificio.
La administración autonómica abonará un alquiler por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.
La explotación del inmueble se otorga por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía.
En este periodo la empresa asumirá su mantenimiento y limpieza, así como la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, entre otras instalaciones.
El arrendamiento se abonará mediante la fórmula del pago por disponibilidad, es decir, en función del uso que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.
La construcción de la Ciudad de la Justicia se realizará de acuerdo con el proyecto redactado por la empresa Aguas y Estructuras SA (Ayesa), que prevé una superficie construida de 50.894 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894) y dos sótanos (18.146).
El edificio reunirá todos los requerimientos del nuevo modelo de Oficina Judicial en el que trabaja la administración autonómica para conseguir una Justicia más ágil, eficiente y cercana al ciudadano, con innovaciones como la creación de servicios comunes para distintos órganos judiciales.
La Ciudad de la Justicia de Córdoba será el tercer complejo de este tipo que se pondrá en marcha en Andalucía (la de Málaga ya está en funcionamiento y próximamente dará comienzo el traslado de los órganos judiciales a la de Almería).
Además, es el primer proyecto de infraestructuras judiciales en el que se emplea la fórmula de colaboración público-privada, que permite obtener los beneficios de la cooperación del sector privado y dar respuesta a la actual coyuntura económica.
Este mecanismo ya se viene aplicando en obras viarias y portuarias, así como en la construcción de edificios administrativos.
