Piden que la Junta suspenda el nuevo decreto de escolarización

La Federación Andaluza por la Defensa de la Igualdad Efectiva (Fadie) presentó el lunes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que solicita la suspensión del nuevo decreto de escolarización de la Junta de Andalucía, hecho público el pasado mes de febrero, al detectar en él "gravísimas irregularidades que constituyen una lesión flagrante de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio de la patria potestad compartida, por el que ambos progenitores deben decidir, de manera conjunta, el centro escolar donde serán matriculados sus hijos". El recurso de Fadie, una federación que representa a 12 asociaciones andaluzas con un total de 30.000 asociados, señala que tanto los modelos de inscripción como de matrícula que figuran en la Orden "vulneran el derecho fundamental derivado de la patria potestad, ya que en ellos se exige únicamente la firma de la persona que ejerce la guarda y custodia, en detrimento de los progenitores no custodios, a pesar de que en el 98% de los casos tienen la patria potestad compartida". En este sentido, Fadie exige "la corrección urgente de este Decreto, así como la inmediata retirada de todos los centros educativos andaluces del modelo de preinscripción e inscripción del alumnado, por vulnerar derechos constitucionales, al otorgar la potestad de preinscripción y matrícula de forma exclusiva y excluyente a un solo progenitor, contraviniendo de este modo las leyes estatales de Derecho Común como el Código Civil, así como los Tratados Internacionales sobre Derechos de la Infancia que reconocen el derecho del menor a que sus dos progenitores decidan de común acuerdo dónde van a cursar estudios". De esta forma, si los padres no están de acuerdo en decisiones como la elección de centro escolar, debe ser un juez quien decida.

Por otro lado, el recurso se refiere al hecho de que el Decreto reconozca como familia monoparental a aquella en la que exista una orden de alejamiento de un progenitor. Fadie recuerda que "una orden de alejamiento es una medida cautelar y como tal no es garantía de culpabilidad y no puede suponer de forma automática la pérdida del ejercicio de derechos y deberes parentales". Así, critican que no se exija una sentencia firme y que con estas medidas la administración "actúe como juez, asumiendo facultades que no le corresponden".

El recurso de Fadie es el segundo presentado contra este Decreto, después de que la enseñanza concertada lo recurriera al considerar que las comisiones de garantía también asumen competencias que le son ajenas.