Los hosteleros españoles han echado sus cuentas y dicen que dejarán de ingresar 300 euros mensuales --3.600 euros anuales-- si finalmente el Ministerio de Sanidad y Política Social prohíbe fumar en espacios públicos cerrados a partir del 2010. En Córdoba hay un censo de 8.000 establecimientos de ocio y restauración en los que se prohibirá fumar si la normativa sale finalmente adelante.

De momento, el anuncio de la ministra Trinidad Jiménez ha suscitado un encendido debate social, porque el tabaco no deja a nadie indiferente. En ese sentido, Jiménez insistió en que la normativa solo saldrá adelante con consenso político ya que éste es el único que puede posibilitar después el consenso social.

Los más preocupados con la medida (aparte de los fumadores y sus asociaciones) son aquellos hosteleros que en el 2006 adaptaron sus establecimientos de más de 100 metros a la Ley antitabaco e invirtieron importantes sumas para habilitar áreas de fumadores. Antonio Alvarez, secretario de la asociación de hosteleros de Córdoba (Hostecor), lamentó ayer ese desembolso hecho en vano y advirtió de que "al menos en un principio" el consumo se retraerá. Alvarez explicó que muchos clientes de la restauración tienen asociado "el consumo de tabaco con los productos de la hostelería", por lo que si se prohíbe este hábito en los establecimientos "vendrán lógicamente menos clientes". Aún más preocupados están los empresarios de bares de ocio nocturno en Córdoba. Rafael Romero, del Café de la Luna, expresó sus dudas acerca de la aplicación de la norma, que tildó de "excesivamente restrictiva". Como muchos empresarios de bares de copas y discotecas abogan por buscar puntos de consenso "intermedios".

En el lado positivo, desde Hostecor aplauden que la norma al menos evitará la competencia: "Si no se puede fumar en ningún sitio no habrá problema. La vez anterior, muchos locales empezaron a prohibir el tabaco pero los clientes huyeron y tuvieron que volver a permitirlo. La competencia la hacía el tabaco".

El segundo de los colectivos más preocupados con esta iniciativa sanitaria es el de los estanqueros. El presidente de la Unión de Estanqueros, Manuel Fernández Vicario, cifra en un 30% la caída de sus ventas y vaticinó "menos negocio para todos". Los estanqueros aseguran que la futura norma afectará a la industria del tabaco, el turismo y la hostelería, a las cuentas del Estado y especialmente a los ingresos que obtienen las Comunidades Autónomas de los impuestos que gravan el tabaco. Solo este año, el Estado ha recaudado 10.200 millones de euros en impuestos que gravan el tabaco. Ayer se conoció también el IPC de noviembre, que subió después de ocho meses de caída, gracias --entre otras cosas-- al consumo de tabaco y las bebidas alcohólicas.

Hosteleros y estanqueros reclamaron ayer que la prohibición se lleve a cabo de forma progresiva. Algunos miembros de la UE ya aplican la norma, mientras que otros se han comprometido a hacerlo a partir del 2012.