El ministerio fiscal ha solicitado una pena de dos años de cárcel por un delito de intrusismo para un letrado que continuó ejerciendo su profesión a pesar de haber sido dado de baja en el Colegio de Abogados de Córdoba.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, J.F.J.R, de 47 años, fue dado de baja total en el Colegio de Abogados de Córdoba con fecha 29 de junio del 2005. A pesar de eso, y a sabiendas de que no podía ejercer la abogacía, continuó actuando públicamente como letrado en ejercicio con despacho abierto al público en Palma del Río.
Así, entre el 30 de junio del 2005 y el 17 de noviembre de ese año, aceptó de un matrimonio el encargo de defenderlos y formular demanda en su nombre con motivo de unas filtraciones de agua de un domicilio de un vecino. Con ese fin recabó documentación para la demanda y le pidió al matrimonio una provisión de 300 euros que este abonó.
Sin embargo, tras el fallecimiento del hombre, la mujer supo que el acusado había causado baja en el Colegio de Abogados, por lo que en enero del 2007 interpuso una demanda. La vista se celebró en febrero del 2008 y el acusado no se presentó. Tras ello, se inició un proceso tras el que el fiscal le pide dos años de cárcel por intrusismo.
