Los responsables del proyecto de AENA para la ampliación del aeropuerto y los representantes de los colectivos de afectados tienen previsto reunirse la próxima semana. El objetivo es fijar los criterios básicos que se transmitirán a las tasadoras Euroval y Tinsa para que realicen su trabajo y comiencen en breve a valorar las cerca de noventa propiedades edificadas y habitadas que deben de ser desalojadas para proceder a la ampliación de la pista del aeropuerto, informó ayer Pedro Ortega, de la Plataforma de Afectados de Fontanar de Quintos.

La reunión, pactada en el último encuentro que se mantuvo en la Subdelegación del Gobierno, es clave para iniciar la tasación de propiedades, la próxima fase del proceso después de que técnicos de AENA hayan comenzado a confeccionar sobre el terreno un estudio detallado del suelo y las edificaciones que serán precisos para la remodelación del aeropuerto. El informe, con una amplia documentación gráfica, está prácticamente realizado, informó ayer Ortega, mucho antes de lo que en principio estimó la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, que preveía que este trabajo se prolongaría durante días.

El proyecto de ampliación del aeropuerto fue pactado por el Ayuntamiento y la Administración central el pasado 31 de julio, tras años de polémicas y desencuentros. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año ya incluye una partida de 65,58 millones de euros, con la que se hará frente al inicio de la obra de ampliación de la pista (presupuestada en 33,6 millones) y la obtención del suelo. Además, AENA prevé destinar en años sucesivos otros 37 millones de euros para completar los desembolsos y las instalaciones anexas (edificio central, aparcamientos, etcétera).

EL ACUERDO Y EL PAGO Según ha pactado AENA con los representantes de los cerca de 90 residentes afectados (uno 30 en Fontanar de Quintos, una veintena en La Altea y el resto, en la antigua parcelación de Llanos del Castillo), se pagará el 50% del valor acordado por la propiedad a la firma del acuerdo, y el otro 50% a la entrega de las llaves. Paralelamente a la negociación con los propietarios a desalojar (a los que se les pagará según, se ha acordado, a precio del mercado) la Administración mantiene abiertos los expedientes de expropiación para lograr los terrenos que precisa el proyecto, como recurso último en caso de no llegar a los acuerdos necesarios con los titulares.