La tala de árboles en el arroyo del Molino llega a los juzgados

La asociación vecinal Veneros del Bejarano ha presentado una denuncia en el juzgado por la tala de árboles que se produjo el pasado verano en Santa María de Trassierra.

En el escrito --que ha sido admitido por el juzgado de Instrucción número seis y que está firmado por el presidente del colectivo, Rafael Valenzuela-- se destaca que hacia los últimos días de agosto, la empresa promotora Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez, "presuntamente llevó a cabo una tala masiva e indiscriminada de árboles y otras especies vegetales en terreno de especial protección comprendido dentro de los parajes naturales del arroyo Bejarano y el arroyo del Molino", al sur de la zona conocida como los Baños de Popea de esa barriada periférica.

Este paraje está calificado como sistema general de suelo no urbanizable de especial protección ambiental en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, y "se da la circunstancia de que la referida empresa es propietaria de unos terrenos urbanizables en zonas adyacentes", comprendidos en un plan parcial, "en todo caso fuera de la zona talada, que pertenecen al Ayuntamiento de Córdoba y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

La tala que se denuncia se desarrolló mediante una o varias máquinas a lo largo de varias franjas de terreno, de entre 6 y 15 metros de anchura, y a lo largo de 1,5 kilómetros "de bosque mediterráneo de galería, que quedó totalmente devastado, y aún podría haber sido peor si las autoridades municipales no hubieran paralizado las actuaciones a raíz de que los vecinos elevasen sus protestas sobre lo que estaba aconteciendo".

La denuncia apunta que, a raíz de lo publicado en prensa, "la Gerencia de Urbanismo podría haber sido conocedora de la actuación que Arenal 2000 pensaba ejecutar en la zona", por lo que solicita al juzgado que "también debería investigarse ese aspecto a la hora de depurar posibles responsabilidades".

31 ESPECIES Según el colectivo vecinal, la tala ha afectado a gran variedad de especies vegetales, algunas de las cuales están entre las amenazadas. Las fuentes consultadas por los denunciantes estiman que "al menos 31 especies han podido ser afectadas, algunas de incalculable valor ecológico", como los avellanos, tilos y almezos.

Por último, en el escrito admitido por el juzgado figura que "el daño ecológico es patente y basta con dar un paseo por la zona talada para percatarse de su magnitud". Así, entienden que se ha vulnerado el Código Penal, que, "entre otras acciones punibles, castiga la tala y arranque de especie o subespecies de la flora amenazada y la destrucción o alteración grave de su hábitat, ya que, según indiciariamente se deduce, al menos tres especies amenazadas habrían quedado afectadas por la tala" que se denuncia.