Desde la Unión Europea y a nivel nacional se viene prestando cada vez mayor atención al ámbito local como territorio fundamental para desarrollar y aplicar las políticas de empleo. Permanentemente, la Comisión Europea viene investigando sobre el fomento local del empleo, demostrándose que en la probabilidad de éxito de estas iniciativas inciden varios factores, como un entorno propicio, ya que el desarrollo de estrategias locales integradas depende en gran medida de que la legislación nacional y autonómica fomente la iniciativa local a través de la delegación de competencias y la adopción de políticas fiscales que faciliten tales iniciativas. Hay que tener en cuenta también la creación de estructuras intermedias de apoyo como agencias de desarrollo local, observatorios de empleo local, servicios de intermediación oferta/demanda y unidades territoriales de empleo. Asimismo, se debe considerar la aplicación de un enfoque integrado de todas las políticas desarrolladas a nivel local. No se trata sólo de afirmar que la creación de empleo es un objetivo prioritario y que la política de empleo estará situada en un lugar central entre todas las políticas, sino que habría que dar un paso más, y hacer que todas las políticas estén orientadas y pensadas para el empleo. Cuestión que es fundamental para una ciudad como Córdoba donde persisten elevados niveles de desempleo estructural.

El análisis de dichos factores pone de manifiesto que para abordar la dimensión local de las políticas de empleo existen aún numerosos obstáculos. Estos se podrían superar a través de la suma de los recursos y las energías de todos los agentes locales, pero siempre con el apoyo de las diferentes administraciones. Se trata de reunir y asociar a todos los implicados en torno a una premisa: propiciar el éxito de las estrategias locales de fomento del empleo. Este modelo de asociación se puede realizar a través de los pactos territoriales a favor del empleo, que estarían financiados por fondos europeos. El Pacto Local por el Empleo sería, en definitiva, el resultado de un debate que desemboque en un acuerdo entre todos los interlocutores locales, publicado en un documento estratégico que debe ir acompañado de los compromisos operativos o financieros adoptados por cada uno de ellos; una presentación de los objetivos principales; los resultados cuantificados previstos y una definición de los grupos a los que se dirige.

Los responsables políticos locales deben ser conscientes de que para concluir con éxito ese documento estratégico es fundamental que durante el proceso inicial de reflexión participen todos los que deben y quieren hacerlo. No sería bueno para la localidad objeto del pacto, ni se entendería por su ciudadanía, que el proceso de reflexión previo sea excluyente y no estén presentes ni la Administración central ni la autonómica, ni la economía social, ni los autónomos, ni el movimiento de participación ciudadana, ni la Cámara de Comercio, ni la Universidad, etcétera, tal y como aconseja la CE. Salvo que la pretensión del gobierno municipal no sea la consecución de un Pacto Local por el Empleo sino otro tipo de acuerdo, al estilo de la concertación social, en cuyo caso debiera de suscribirse exclusivamente con empresarios y sindicatos y abarcar no sólo el empleo sino la globalidad de las políticas municipales, como es el caso de los acuerdos de concertación llevados a cabo por los agentes sociales con la Junta y diputaciones.

No obstante la prueba de fuego son los presupuestos municipales. Ahí se podrá comprobar si el Ayuntamiento tendrá una política para el empleo o si por el contrario lleva a cabo la buena práctica de que todas las políticas municipales estén diseñadas y orientadas hacia el fomento del mismo. Si se pierde la perspectiva de un enfoque integrado de la acción del gobierno municipal, sin coordinación con las demás administraciones, y el empleo se aborda como una política aislada, monopolio del alcalde o alcaldesa de turno, se habrá fracasado.