La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que entró en vigor el 20 de enero y da plenas competencias a la comunidad autónoma en esta materia, centró ayer la atención de unos 200 técnicos municipales y provinciales de urbanismo, reunidos en torno a las III Jornadas de Urbanismo celebradas en la Diputación.
La necesidad de intervención pública en el mercado de suelos y la apuesta de la comunidad por los patrimonios públicos de terreno para dedicarlos a viviendas protegidas son dos puntos muy destacados de la ley. En este último aspecto figura la determinación de que los ayuntamientos y, sobre todo, los de las ciudades grandes dediquen --al menos-- el 30% de su suelo a construir viviendas protegidas.
El texto refundido del Plan General de Ordenación de Córdoba, que fue aprobado anteayer en presencia de la alcaldesa y del teniente de alcalde Urbanismo, aun siendo anterior a la nueva ley, recoge ya una postura similar hacia las viviendas de protección oficial.
Gracias a esta norma jurídica, que contempla todos los apartados (desde la planificación hasta la disciplina), la comunidad autónoma andaluza dejará de tomar la legislación estatal al respecto. El largo proceso de elaboración iniciado en 1997 ha culminado en una "ley del siglo XXI" que "se ajusta a la diversidad territorial y a las características de Andalucía"; el litoral, las ciudades históricas, las zonas protegidas y la necesidad de estructuración del territorio estuvieron en la cabeza de sus redactores, a juicio de Josefina Cruz Villalón, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, que introdujo las jornadas.
Por las grandes novedades que aporta la ley, las jornadas desarrolladas ayer han llegado a las otras siete provincias andaluzas de manos de la Consejería de Obras Públicas con la colaboración de algunas diputaciones, como ha sucedido en Córdoba.
DESARROLLO ECONOMICO
Se trata de una "ley clave", a juicio del presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, pues las competencias plenas en urbanismo repercuten en el desarrollo económico y social de los municipios y en el equilibrio del territorio.
El nuevo documento, aprobado por el Parlamento de Andalucía el pasado 17 de diciembre, refuerza en sus primeros artículos la función pública del urbanismo, al entender que el punto de partida debe corresponder a esas instituciones, aunque luego se incorpore la iniciativa privada.
