La Junta prohíbe el patinete eléctrico en el transporte público

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda prohibirá a partir del 1 de enero el acceso de patinetes eléctricos en el transporte público de Andalucía (metros, autobuses y catamarán). La restricción, que es similar a la que se ha llevado a cabo en otros puntos de España y Europa, se implantará de forma temporal para hacer prevalecer el principio de seguridad de los viajeros, ya que se han producido en los últimos meses situaciones de peligro generada ante incendios de baterías que se han registrado en transportes públicos. Esta prohibición se mantendrá hasta que esos riesgos tiendan a remitir.

En una nota de prensa, la Consejería explica que la decisión se ha adoptado como consecuencia de la resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) acerca del certificado de seguridad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La DGT ha señalado que a partir del 21 de enero solamente se comercializarán patinetes eléctricos certificados, alegando motivos de seguridad vial y protección al conductor. Sin embargo, esas garantías de seguridad no se aplicarán a los patinetes eléctricos en servicio antes de esa fecha, que tendrán una moratoria para seguir circulando sin regulación alguna hasta 2027.

Dada esta situación de falta de regulación, la Consejería de Fomento ha determinado no autorizar el acceso al sistema de transporte público con la firme idea de que debe prevalecer la seguridad de los viajeros por encima de todo. Además, ha encargado dos informes que avalan la medida de prohibir el acceso a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) eléctrico: uno del Departamento de Autoprotección y Seguridad de Metro de Sevilla --que aplicó una serie de medidas para el uso de patinetes en hora punta-- y un segundo encargado a la Escuela Técnica de Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Este último informe, entregado a mediados de este mes, concluye que la «seguridad de las personas debe prevalecer ante cualquier consideración». En esa misma línea, recomienda que la prohibición se mantenga «hasta que los riesgos identificados tiendan a desaparecer».