Europa sigue vigilante por los asentamientos de temporeros

La realidad de los asentamientos de migrantes temporeros en provincias como Huelva y Almería viene siendo denunciada desde hace décadas y es objeto de búsqueda de soluciones que no terminan de llegar, postergando en el tiempo una situación de «infraviviendas» ante la que Europa está vigilante.

Esta pasada semana, la comisión de Peticiones de la Eurocámara decidía mantener abierta la petición para investigar las denuncias de vulneración de derechos fundamentales en estos poblados y compartir el expediente con la comisión de Empleo; además llamaba a la Comisión Europea a mantener informado al Parlamento Europeo de su evolución.

La petición, trasladada a la Eurocámara por Izquierda Unida (IU) y las ONG Almería Acoge y Asociación Multicultural Mazagón, busca mejorar las condiciones de casi 10.000 inmigrantes que trabajan en la agricultura en estas dos provincias viviendo sin luz ni agua potable, sin las más mínimas condiciones de habitabilidad y bajo techos de plástico, madera y cartón que, en ocasiones, han sido pasto de las llamas con damnificados que lo han perdido todo, algunas veces, incluso la vida.

La coordinadora de IU en Almería, María Jesús Amate, afirma a Efe en el poblado chabolista de Atochares, en Níjar, que esperan que Europa «presione» al Gobierno y a los ayuntamientos para que empadronen a estos inmigrantes que «trabajan y viven en el territorio español en situación de semiesclavitud».

«Nadie quiere vivir en un asentamiento, todo el mundo quiere una vivienda digna. No hay viviendas sociales ni adecuadas; pedimos que se construyan, ya que vienen muchas ayudas desde Europa, pero que sean soluciones a largo plazo, no como las que se tomaron hace unos meses en Níjar con el poblado de El Walili», añade.

Según el último informe de Andalucía Acoge en el marco del proyecto Germinal, en Huelva y en la comarca de Níjar (Almería) una media de 75% de los residentes en asentamientos son hombres de unos 32 años, fundamentalmente subsaharianos y marroquíes, con más de tres años de residencia en España y, más de la mitad, en situación irregular.

Desde la provincia de Huelva, Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural Mazagón, dijo a Efe que «no se puede consentir» que después de 25 años estos asentamientos continúen, lo que demuestra la poca voluntad de las administraciones públicas y del sector empresarial, y espera que el traslado de la petición a la Comisión de Empleo sirva para que «haya una visita de europarlamentarios que conozcan in situ cuál es la situación real de las personas migrantes».

Las administraciones por su parte defienden su interés por erradicar el problema. Por ejemplo, el pasado julio se firmó un protocolo general de actuación entre la secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la Junta que fijaba en dos años la erradicación de estos asentamientos, con 5 millones de euros de inversión en proyectos para dar una solución habitacional.

Proyectos que, inicialmente, pasan por construir dos residencias en los municipios de Moguer y Lepe (Huelva) a los que se ha concedido una subvención de 2,6 millones de euros por acuerdo del Consejo de Ministros que ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) por dejar fuera a este municipio que, actualmente, es el que alberga a un mayor número de personas en asentamientos.

Además, según informaron a Efe desde la Consejería de Inclusión Social, en paralelo a este protocolo que confían que sirva de referencia de trabajo para las administraciones, y tras invertir en los últimos años 4,5 millones en la atención a estas personas, se trabaja un plan estratégico que pivota sobre los ayuntamientos.

El plan prevé una línea de ayudas de 5 millones para 2023, procedentes de los Next Generation, que se lanzará próximamente, destinada a los ayuntamientos para que construyan, adquieran o rehabiliten edificios para alojamientos.