La Junta de Andalucía dice que la ley «no toca un litro de acuíferos» de Doñana

El Gobierno andaluz sostuvo este martes sobre la repercusión en el Parque Nacional de Doñana de la Proposición de Ley conjunta de PP y Vox para regular los regadíos en los municipios del Condado de Huelva, al norte de la Corona Forestal de Doñana, que «no amnistía a los infractores», por cuanto promueve declarar suelos agrícolas regables con aguas superficiales terrenos que quedaron sin esa calificación con el Plan de 2014, así como afirmó que esta iniciativa va a ofrecer una solución para esos agricultores «sin tocar un solo litro del acuífero del que bebe Doñana». En estos términos pronunció el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, quien explicó que él mismo personalmente le remitió la Proposición de Ley al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con quien se reunió sobre la marcha en Madrid el lunes 27 de febrero.

En ese encuentro, según señaló el propio Fernández-Pacheco, el secretario de Estado de Medio Ambiente le planteó que «no estaba de acuerdo del todo con la literalidad de la Proposición de Ley». El pasado viernes, día 3, tras presentar en el Registro del Parlamento de Andalucía el PP su iniciativa conjunta con Vox, Morán anunció a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación que el Gobierno llevaría ante el Tribunal Constitucional «toda actuación que ponga en riesgo a Doñana».

El consejero y portavoz recordó que el 28 de diciembre de 2022 mantuvo una reunión telemática con el secretario de Estado de Medio Ambiente, que se tradujo en un acuerdo para la creación de una Comisión Bilateral Técnica sobre el Parque de Doñana, para lamentar entonces que «nunca llegó a constituirse» y que «nunca nos volvió a llamar», así como seguidamente «llegué a mandarle una carta» con el objetivo de que «no se quedara en nada esa reunión». Fernández-Pacheco prosiguió argumentando, ante esa reacción del Gobierno, que «no hacer nada no puede ser la solución» y sostener seguidamente que la Proposición de Ley «la valoro positivamente», de la que indicó que «encardina bien con la filosofía de ser capaces de solucionar el problema de la injusticia histórica para las 650 familias», a las que esta Proposición de Ley pretende calificar sus terrenos como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, que es el matiz que PP y Vox han reforzado en la nueva Proposición de Ley en comparación con la que presentaron en enero de 2022, en la pasada legislatura.

«La postura responsable es plantearnos cómo ayudar a esos agricultores sin perjudicar a Doñana», proclamó Fernández-Pacheco, quien blandió que los suelos que quedaron sin la calificación de agrícola en el Plan Especial de Ordenación de los Recursos de la Corona Forestal de Doñana (Peocfd) de 2014, aprobado por un Gobierno socialista, ha propiciado «una situación injusta desde hace mucho tiempo», antes de argumentar que «no concede derechos de agua», una competencia que recaerá sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), órgano del Estado ante el cual estos agricultores podrán dirigirse ya con la calificación de sus terrenos como suelos agrícolas regables.

«Cierra la puerta de manera tajante a regar con agua del acuífero», sostuvo el consejero y portavoz. «No necesitamos que nos sigamos tirando Doñana a la cabeza», añadió el consejero, quien instó a «la salvaguarda» de lo que describió como «el gran referente de los Espacios Naturales Protegidos».

El portavoz desechó explicar por qué el Grupo Parlamentario Popular ha elegido la tramitación de la Proposición de Ley por la vía de urgencia al plantear que «esa pregunta es para el grupo parlamentario», así como en su caso es que «ni siquiera soy parlamentario», aunque seguidamente ha dicho entender la elección de una tramitación parlamentaria que acorta plazos «porque la situación es muy urgente», antes de indicar que «no es el Gobierno el que decide cómo se tramita».