El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado este martes el Decreto Ley por el que modifica, a su vez, la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía, reguladora de los vehículos de transporte con conductor (VTC).
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha sostenido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que la norma se ha hecho pensando "en el usuario, el consumidor, en el interés general" con la búsqueda de "la seguridad jurídica" y que el texto final solo ha excluido dos peticiones del sector del taxi: la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales concedidas a los VTC.
Carazo ha argumentado que la norma entrará en vigor sin que quepa concluir que hay "ganadores y perdedores" dentro de "una regulación equilibrada, sensata en base a la seguridad jurídica", por lo que ha defendido que "este Gobierno ha sido valiente en la regulación de los VTC con el objetivo de dar a los ciudadanos el mejor servicio, permitiendo seguir trabajando a los VTC pero estableciendo requisitos para no dañar al taxi como servicio público, para que se vea reforzado, asegurado". "En ningún momento daña al taxi", ha remachado.
La consejera de Fomento ha sostenido sobre las peticiones no atendidas del sector del taxi que es conocedor de que la eliminación de licencias han traído consigo "múltiples recursos con reclamaciones patrimoniales millonarias a la Administración".
Carazo, que ha dado cuenta de las consultas al Ministerio de Transportes, del que ha trasladado que "nos ofreció la posibilidad de una moratoria" ante el hecho de que la norma debe entrar en vigor el 1 de octubre por las exigencias de una directiva de la Unión Europea, ha reprochado también que "el Gobierno de España nos dejó la regulación compleja, insegura jurídicamente" por cuanto "una vez más por inacción, cobardía, debía haber abordado la regulación y evitar 17 normas diferentes y la inseguridad jurídica de modelos dispares".
Carazo ha defendido que "tenemos claro acabar con el vacío legal que ha provocado el Estado" de manera que "los VTC sigan operando" después de esgrimir que "diferenciamos dos actividades garantizando su convivencia, teniendo muy claro que los VTC tienen limitado a dar servicio en precontratación, que no pueden circular buscando clientes, que no pueden permanecer estacionados a tal efecto". "La mano alzada en la parada solo vale para el taxi", ha apostillado.
La consejera de Fomento ha argumentado que "hemos modificado el Reglamento del Taxi para ayudar al sector", con la inclusión de medidas como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado, la recogida de viajeros en municipios diferentes, la creación de áreas de prestación conjunta del taxi o la implantación del transporte a la demanda en ámbito rural con taxi, con 46 rutas en 70 municipios andaluces.
"El sector hasta la llegada de Juanma Moreno no había sido escuchado", ha proclamado Carazo, quien ha instado a "los ayuntamientos a ser partícipes de la vigilancia" del cumplimiento de la norma reguladora de la actividad de los VTC.
A preguntas de los periodistas, Carazo ha defendido que la responsabilidad civil de los conductores de los VTC es competencia del Estado a través de la Dirección General de Tráfico, mientras que en el caso de las competencias sancionadoras municipales ha señalado que "vamos a sentarnos con los ayuntamientos para explicares el contenido".
La consejera de Fomento ha blandido el peso de las consultas al Ministerio en aspectos como que los VTC no puedan circular por las vías ni pueden contratar viajeros estando estacionados, así como las directrices que en ese sentido establece el Reglamento de Ordenación del Tráfico Terrestre.
"No es decisión de la Junta de Andalucía", ha afirmado, así como ha apuntado que el Ministerio alentó a que la distancia entre la actividad de un taxi y un VTC estuviera "vinculado al espacio" y no al tiempo como reclamaban los taxistas.
"No es punto final, seguiremos forjando el marco", ha indicado la consejera sobre la futura convivencia de taxis y VTC. Cuestionada por la vigencia de la ratio 1:30 en la proporción de taxis y VTC, ha asegurado que "el primer artículo del Decreto Ley no contempla ninguna más hasta que no se respete el 1:30", antes de afirmar "cómo vamos a quitar licencias que no hemos autorizado" y ha reiterado que "nos comprometemos a no aprobar nuevas licencias hasta que no se cumpla la ratio del 1:30".
