El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto con ayudas por valor de 71,5 millones de euros para compensar a las empresas que trabajan con la Administración andaluza por los sobrecostes vinculados a la subida de precios de los materiales y suministros. En rueda de prensa, el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, señaló que la medida vincula principalmente a las consejerías de Fomento y de Agricultura.
Bendodo, que ha explicado que la intención del Gobierno andaluz es que «no se paren las obras y no se produzcan despidos», señaló que el decreto ley se ha elaborado «de la mano del sector» y que supone «mejorar» el decreto aprobado por el Gobierno central.
El decreto ley recoge medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras para desarrollar y complementar las medidas estatales previstas en el título II del decreto del Gobierno central de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.
Según la Junta de Andalucía, las empresas que trabajan con las administraciones tienen un «severo problema» por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, de ahí que, de la mano del sector de la construcción, se apruebe este decreto ley con medidas urgentes para la revisión excepcional de los precios en los contratos públicos de obras.
La propuesta andaluza mejora la cobertura a muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios. A diferencia de la norma del Gobierno de España, incluye las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no solo los cuatro recogidos en el real decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre). La norma andaluza da la posibilidad también de que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y las universidades, al tiempo que suprime las penalizaciones por retrasos vinculados a falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no se altere la calidad del producto.
Igualmente, amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos, y establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.
