El pleno del Parlamento autonómico dio este miércoles luz verde a la tramitación de la reforma de ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía para garantizar la accesibilidad a los establecimientos de combustibles y carburantes a este colectivo. El proyecto, que modifica la ley de 2017, pasa ahora al trámite en comisión al no haber sido presentada ninguna enmienda a la totalidad por parte de los grupos. La reforma establece que las instalaciones en las que se pongan a la venta combustibles y carburantes a través de máquinas expendedoras o suministradoras automáticas deberán tener personal cualificado que asista a las personas con discapacidad.

Este tipo de instalaciones tendrán que cumplir, en todos los casos, los parámetros de accesibilidad previstos en la normativa de accesibilidad universal o la europea equivalente. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, pidió la máxima agilidad en la tramitación para garantizar los derechos del colectivo.

La reforma exigirá que los mostradores de las gasolineras puedan ser usados por personas en sillas de ruedas, que las zonas de circulación tengan el ancho adecuado y estén libres de obstáculos y que los objetos que necesiten ser accionados sean fácilmente manipulables por cualquier persona. También que la persona usuaria pueda usar la lengua de signos si lo necesita o que existan carteles en Braille. En caso contrario, deberán contar en el horario diurno comprendido entre las 7.00 y las 22.00 horas con una persona que atienda las necesidades.

De igual forma, modifica el régimen sancionador en materia de infracciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Se trata de evitar que la sanción recaiga sobre las personas titulares y deje impune la conducta de terceras personas que, en la mayoría de los casos, acaban siendo las responsables de estos abusos, dijo la consejera.