La gestión del Gobierno andaluz en materia educativa se ha caracterizado en esta legislatura por el «enorme esfuerzo» inversor, que se ha traducido en 20.000 millones presupuestados en tres años, y sobre todo en lograr la «despolitización de los centros educativos», según el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

Imbroda hizo balance de los tres años de gestión, de la que destacó el crecimiento del 16% del presupuesto respecto a 2018, que sienta las bases «para lograr la excelencia educativa sin dejar a ningún alumno atrás», dijo. Recordó el compromiso que adquirió nada más tomar posesión de su cargo de «desterrar la ideología de los centros educativos» y que las escuelas dejaran de convertirse en «centro de revancha ideológica».

Puso como ejemplo la intención de Vox, grupo que apoyaba parlamentariamente al Gobierno, de que se implantara el denominado pin parental, o el caso del lenguaje inclusivo, que en muchas ocasiones se había convertido en «absurdo», y que a la postre han sido unas «batallas ideológicas que hemos querido desterrar».

La potenciación de la educación inclusiva, con un incremento de más de un 30% para la Educación Especial desde 2018 hasta superar los 440 millones y a inversión de 7.000 euros por alumno con necesidades especiales, es uno de los logros de estos tres años de gestión, según el consejero.

Defendió la labor del profesorado como «pieza esencial e imprescindible» del sistema y recordó el refuerzo de las plantillas de docentes con 13.549 en dos cursos que, según ha recordado, han estado marcados por la pandemia, y en la que la plantilla de los 109.000 docentes ha hecho una labor «encomiable».

Las líneas estratégicas se han centrado en «mejorar» la atención del alumnado «más vulnerable», la reducción de las tasas «intolerables» del fracaso y abandono escolar temprano, mejorar infraestructuras y la modernización y digitalización. Por su parte, la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, dijo que el gasto en sustitución de docentes está por encima del 30% del presupuesto inicial desde que comenzó la pandemia, pues lo habitual son unos 200 millones de euros y en los dos últimos años se han sumado 30 y 90 millones.