El Consejo de Gobierno acordó este marte la modificación del Plan Vive para la exclusión como beneficiarios de las adjudicaciones de una vivienda pública a las personas condenadas por ocupación ilegal de vivienda. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, defendió que «creemos que es una medida con efecto disuasorio que ayudará a reducir las ocupaciones ilegales».
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Carazo defendió la existencia de «una preocupación entre las personas propietarias como posibles víctimas de una ocupación» y en consecuencia esgrimió sobre la vivienda pública que «es un derecho que ampara al Gobierno de la Junta de Andalucía» la exclusión de un potencial beneficiario de una vivienda pública que haya sido condenado en la vía penal, civil o administrativa durante los cinco años anteriores a su solicitud. La excepción que planteó Carazo a la exclusión de solicitantes de VPO a las familias en circunstancias de vulnerabilidad, hecho que deberá ser avalado por los servicios sociales.
Carazo aludió al sistema de asesoramiento con que cuenta el Gobierno andaluz ante ocupaciones ilegales, que ha recibido casi un centenar de consultas en un año.
