La Junta cuenta con 89 inmuebles como sedes administrativas alquiladas, a las que destina 57,37 millones de euros por el arrendamiento, a los que se suman otras 33 propiedades que se encuentran sin uso, según figura en una respuesta parlamentaria del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, a una pregunta de Vox. El total de sedes administrativas que el Gobierno traslada a Vox son 291, de las cuales 161 son en propiedad.
La respuesta, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) del 10 de marzo, aunque rubrica el consejero de Hacienda con fecha de 25 de septiembre del 2020, responde a preguntas del parlamentario de Vox, Rodrigo Alonso, quien cuestiona a la Junta por inmuebles de consejerías, delegaciones provinciales y entes adscritos, cuáles son en propiedad y arrendados, el gasto, las propiedades en desuso y la previsión de reestructurar inmuebles para ahorrar gastos.
El consejero, que diferencia entre las sedes en propiedad, las arrendadas bajo contrato ordinario y las alquiladas bajo la fórmula sale&leaseback (venta del inmueble y posterior arrendamiento), traslada que 78 inmuebles se gestionan bajo sale&leaseback, con gasto anual de 42,24 millones. El consejero reconoce, tras indicar que son 33 los inmuebles en propiedad y sin uso, que la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda requirió en febrero del 2020 a todas las consejerías información para identificar los vacíos o infrautilizados. Bravo traslada a Vox que "no es posible ofrecer información cierta y completa" hasta que "no se completen los datos".
En cuanto a la estrategia del Gobierno andaluz para ahorrar el gasto en alquiler, el consejero afirma sobre los contratos de sale&leaseback que «no existe la posibilidad de rescindir estos contratos anticipadamente», tras explicar que se trata de contratos rubricados "entre el 2010 y el 2014 que comprometen los arrendamientos a largo plazo, entre 20-25 años". En el resto de casos, Bravo señala que "a medida que se aproxima el vencimiento se estudia la posibilidad de trasladar la sede a un edificio en propiedad o en arrendamiento en condiciones económicamente más ventajosas". Y asegura que "cuando no se ha encontrado alternativa se ha trabajado en la renegociación de precios".
