El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la extinta empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada, ha requerido a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía los expedientes de diferentes acuerdos adoptados por el consejo de gobierno y la comisión de viceconsejeros en 2007, 2010 y 2011, así como el acta de la sesión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebrada el 3 de julio de 2012, con relación a los avales y préstamos concedidos a la mencionada empresa, según una providencia emitida este domingo y avanzada por La Razón.
En dicha providencia, recogida por Europa Press, esta instancia judicial se hace eco de las últimas peticiones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que recientemente elevaba un escrito a dicha instancia judicial respecto al préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), filial de Idea, a la citada empresa.
Según la Fiscalía, el préstamo fue concedido "con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por la agencia Idea y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que este se realizara"; y constando en el expediente de concesión un plan de negocio "sin fecha e identificación de autor" y una petición según la cual Isofotón no había "solicitado otros incentivos o financiación pública" en los dos años previos, sin que tal aspecto "fuera comprobado por los responsables" institucionales.
Un informe técnico de la administración habría puesto de relieve que Isofotón tenía "avalados" entonces 29 millones de euros por parte de la Junta e informes "poco fiables".
